Ante la queja presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el juicio de amparo que promovió Eduardo Rivera Pérez se suspendió, y no se realizará la segunda audiencia programada para el 23 de agosto.

La decisión del Juez Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales deriva de la demanda que la ASE promovió ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y que se registró como el expediente 167/2017.

Hasta el momento, en el portal del Consejo de la Judicatura no se han hecho público los detalles de la inconformidad de la ASE respecto al juicio de amparo 943/2017 que el exalcalde de Puebla inició, con el cual intentará dejar sin efecto la inhabilitación por 12 años para ocupar un cargo público y una multa de 25.5 millones de pesos.

En el acuerdo que tomó el Juez Tercero de Distrito sólo se expone que “se suspende el procedimiento” en tanto se resuelve el recurso de queja 167/2017 que presentó la Dirección General Jurídica de la ASE, área a cargo de Homero Ancheita del Río.

Aunque el proceso legal de Rivera Pérez está suspendido, la decisión del juez federal no deja sin efecto la medida cautelar que se otorgó  para que el nombre del panista no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados.

Ésta no es la primera vez que la ASE recurre a prácticas legales que permitan  retrasar la resolución del juicio de amparo que Rivera Pérez emprendió desde marzo, esto tras la determinación tomada en diciembre por el Congreso del Estado de aprobar el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por irregularidades en su cuenta pública de 2013.

Cuatro meses después de validar el procedimiento en contra del exmunícipe, el pleno del LIX Legislatura, concretó con el voto de la mayoría de los diputados, imponer una multa de 25.5 millones de pesos e inhabilitarlo por 12 años.

En julio, como parte de los efectos del proceso que le inició el Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas  y Administración (SFA) notificó a Rivera Pérez que para cumplir con el pago de la sanción económica se le embargaría sus bienes.