Al demandar ajustes en el presupuesto, el Partido Revolucionario Institucional  (PRI) y sus representantes en el poder legislativo reiteraron su rechazo a que el Ayuntamiento de Puebla adquiera una deuda por 800 millones de pesos,  recursos destinados para acciones de seguridad y obra pública.

A través de un desplegado,  el Comité Directivo Estatal (CDE),  senadores, diputados federales y locales advierten que la solicitud que el alcalde Luis Banck Serrato hizo para que el Congreso del Estado apruebe la contratación de una línea de crédito, no cumple con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

En la iniciativa que está en análisis de la LIX Legislatura –refieren los priístas- no se precisan los proyectos de inversión pública productiva, y sólo se enlistan los rubros de seguridad pública y equipamiento urbano, pero no se indica la garantía o fuente de pago para el empréstito.

En otro de los puntos, los integrantes del PRI mencionan que no hay transparencia de las autoridades municipales, ya que existe un  “uso discrecional” en la partida de “ayudas sociales”.

“Cómo es posible que el presidente municipal pretenda endeudar a los poblanos sin que se dé a conocer a los ciudadanos el destino de las “supuestas ayudas sociales”; ya en el mes de enero de este año, nuestros compañeros regidores priistas le advirtieron a Luis Banck que se transparentaran estos gastos opacos sin haberles dado una respuesta positiva”.

A la par, los priístas cuestionan que en 2016 se dio una reducción por 100 millones de pesos en seguridad, pero se dio un aumento por el mismo monto para supuestas ayudas sociales.

Exponen que para poner en marcha la estrategia de prevención del delito y combate a la delincuencia, el Ayuntamiento de Puebla haga ajustes  presupuestales al eliminar la plantilla de asesores y consultores, y que se reviste el gasto en comunicación social.

“Eliminar la plantilla de asesores y consultores de todas las dependencias del municipio incluyendo la Sindicatura Municipal, consideramos se puede obtener una cantidad de esa partida presupuestal, si tomamos en cuenta que en los últimos 27 meses se gastaron 358.7 millones de pesos en este renglón, cantidad a todas luces exorbitante.  En Comunicación Social se han gastado 333.08 millones de pesos, monto importante a revisar (cifra que se incrementó casi un 50% en 2016 año electoral)”.

Los miembros del PRI indican que de generar los cambios en el presupuesto,  no será necesario que el Congreso del Estado apruebe la solicitud del gobierno capitalino, la cual está en  análisis de las  Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y Presupuesto y Crédito Público.

La propuesta hecha por Banck Serrato al legislativo, es para que se apruebe contratar una línea de crédito hasta por 800 millones de pesos, monto que podría ser menor, adelantó el diputado Ignacio Mier Bañuelos.

El monto que se fije como límite para el empréstito –comentó el legislador- dependerá de la capacidad crediticia que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) dé a conocer del gobierno capitalino.

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