El Congreso del Estado no entregará un “cheque en blanco” para que el Ayuntamiento de Puebla pueda contratar una línea de crédito hasta por 800 millones de pesos, afirmó Jorge Aguilar Chedraui.

A decir del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,  el Poder Legislativo no es la instancia ante la que el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, tiene que detallar en qué proyectos y a cuánto ascienden los recursos que se podrían emplear del empréstito.

Aguilar Chedraui aseguró que el trabajo del Congreso sólo consiste en analizar si es viable y si la capacidad crediticia del gobierno capitalino le permite contratar deuda hasta por 800 millones de pesos, así como el plazo en que se prevé pagar  el crédito.

Afirmó que además de la inversión que se prevé en seguridad, la línea de crédito que contrate el gobierno de Banck Serrato podría destinarse a proyectos de pavimentación de calles y de la red de agua potable y alcantarillado.

De la crítica hecha por la bancada del PRI, que calificó de irresponsable y poco transparente a la solicitud del alcalde de Puebla, el panista sentenció que no se puede ver como un tema “partidista” el atender la demanda de seguridad y servicios públicos de la capital.

“Hay temas en la ciudad que hay que atender, hay que pensar más en la ciudad y menos en la parte estrictamente partidista y política. Si se ocupa dinero para resolver los problemas de seguridad hay que ver los mecanismos que se tengan a la mano para poder ayudar a resolver el tema”.

En cuanto a la aprobación, Aguilar Chedraui indicó que el 31 de julio, día en que concluye el segundo periodo ordinario de sesiones, se someterá a discusión del pleno el dictamen que emitan las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Presupuesto y Crédito Público.

El lunes pasado, por mayoría de votos, el cabildo del Ayuntamiento de Puebla, aprobó la contratación de una línea de crédito por hasta 800 millones de pesos a pagarse en siete años.

Parte de los recursos, señaló el diputado Mario Rincón González (PAN),  se usarían para comprar 600 tabletas, mil 500 cámaras de videovigilancia y 70 lectores de placas.