El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso para el lunes 17 la definición respecto a una posible anulación de las elecciones en Coahuila por un eventual rebase al tope de gastos de las campañas de los candidatos del PRI y del PAN.

En sesión extraordinaria, que se extendió durante más de ocho horas, los consejeros se limitaron -en decisión dividida de seis contra cinco-, a sancionar al PRI por el reparto de un “monedero rosa”, parte de un programa social, en el marco del proceso electoral, y lo multó por un monto de 918 mil pesos.

“(Es) un asunto delicado que se sitúa en la frontera entre las ofertas de campaña y la promesa de dádivas a cambio del voto”, dijo el consejero Ciro Murayama, quien rechazó el uso de esas tarjetas como un simple elemento de propaganda política, como alegaron los representantes del partido oficial.

Según Murayama, ese tipo de prácticas, “uso electorero de la política social” valiéndose de la pobreza, representa uno de los problemas “más serios” de la democracia en el país.

Expuso: “Podríamos estar ante la repartición de piezas con publicidad electoral, pero con la entrega de las tarjetas, a cambio el partido recababa datos personales del elector o de los tutores de la persona joven a la que se le prometían apoyos. Y dice el partido denunciado (PRI) que, a partir de ese registro de ciudadanos, elaborado durante la campaña electoral, de ser gobierno empezaría a otorgar ‘un apoyo social en dinero, mismo que sería depositado en una tarjeta plástica’. La recolección de datos personales es incorrecta”.

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