Académicos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) difundieron un texto en el que acusan Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de sofocar la creatividad de los investigadores.

Aseguraron que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología excluye del avance de la ciencia a los investigadores más capaces.

El documento está dirigido a Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt y está firmado por 53 profesores e investigadores.

Asegura que la nueva plataforma busca homogeneizar la información, encasillando de manera excluyente el trabajo y la trayectoria académica de los investigadores.

Protestan por los trámites burocráticos a los que los someten, los cuales interrumpen sus labores científicas.

“Enfáticamente por la forma rígida y excluyente a la que nos quieren obligar a presentar la información sobre nuestras actividades académicas, que afectará la evaluación porque deja fuera actividades sustantivas de nuestro quehacer como científicos sociales. Se incrementan considerablemente los requisitos burocráticos y aumenta de manera importante el tiempo que tenemos que dedicar a actividades burocráticas en lugar de dedicarnos a cumplir nuestra misión y nuestro compromiso con la ciencia”.

Indicaron que es absurdo que se les pida una cédula profesional, porque la mayoría de los investigadores estudiaron en extranjero o en programas que no tenían registro en la SEP.

“El formato cerrado de la nueva plataforma deja fuera universidades importantes en las que hemos estudiado, impartido charlas o seminarios, además de editoriales y revistas en las que muchos académicos, en particular desde las ciencias sociales, damos a conocer nuestro trabajo ante un público amplio”.

“Se desdibuja la trayectoria de muchos investigadores brillantes al pedir números de ISBN, ISSN o programas inscritos al PNPC cuando algunos de estos tipos de registro llevan apenas algunas décadas de existir. La trayectoria anterior se borra automáticamente ante una plataforma dirigida a ser leída por una máquina, lo cual implica que no hay cabida para la falta de datos o la flexibilidad”.

“Resulta absurdo y preocupante el que se exija la obligatoriedad de presentar la cédula profesional cuando la mayoría de los investigadores consolidados realizaron sus estudios en el extranjero o en programas que no tenían registro en SEP–Conacyt”.

“Es desalentador comprobar que el énfasis se ha puesto en la relación y el impacto de las investigaciones con sectores ‘productivos’ desde una visión economicista y tecnocrática. Quedan fuera los impactos en el desarrollo social y humanista, en la recuperación del patrimonio nacional, en el diseño de programas que ayuden a restablecer el tejido social, en fortalecer las instituciones de bienestar social, en la múltiple construcción de políticas públicas y un largo etcétera”.

En la carta aparecen las firmas de Magdalena Villarreal, Alberto Aziz Nassif, Alejandra Aguilar, Patricia Safa, Elena Azaola Garrido, Luz Elena Galván, Teresita Carbó, Gabriela Torres-Mazuera, Mariangela Rodríguez, Gerardo Bernache Pérez, Eduardo L Menéndez, Gustavo Marín Guardado, Séverine Durin, Pablo Mateos, Victoria Novelo, Santiago Bastos, Patricia Fortuny, María Teresa Sierra, Ronald Nigh, Pedro Arrieta, Alberto Barrera Enderle, Humberto González, Clara Elena Suarez Arguello, Lourdes de León, Aaron Pollak, Nahayelli B. Juárez, Alejandra Aquino Moreschi, Beatriz Calvo Pontón, Margarita Estrada, Ricardo Pérez Monfort, Sergio J. Navarrete, Paola María Sesia, Efrén Sandoval, Margarita Pérez Negrete, Margarita Dalton, Edith Kauffer, José Juan Olvera, América Molina del Villar, Laura Machuca, Gabriela Robledo, Patricia Zamudio, Magdalena Barros, Alejandro Martínez Canales, Cecilia Sheridan, María Teresa Fernández, Carlos Paredes, María Bertely, Patricia Ravelo, Luz María Mohar, Eva Salgado, Jorge Alonso, Ángeles López y Carolina Rivera Farfán.

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