Para Amnistía Internacional (AI) las 176 recomendaciones a México realizadas por 87 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la semana pasada son un llamado de atención ante la falta de avances reales en materia de derechos humanos. Para cumplir con estas recomendaciones México necesitará más que palabras o simulaciones, necesitará acciones efectivas, afirmó AI.

De acuerdo con la organización internacional, la decisión del gobierno mexicano de diferir su respuesta al Consejo de Derechos Humanos hasta marzo de 2014 es una muestra de la escasa voluntad política para atender la grave situación de derechos humanos que vive el país. Si bien estará dentro del plazo reglamentario, muchas de las recomendaciones recibidas la semana pasada son iguales o semejantes a las de 2009. ¿Es esta la respuesta de un gobierno que comprende la gravedad de la situación y sus obligaciones? ¿Es esta la respuesta que merecen las víctimas y sus familiares?, se preguntó AI.

La insistencia por parte de países de todo el mundo en problemas ya señalados en 2009 durante la primera revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a México, es una muestra de la falta de avances sustantivos en materia de derechos humanos por parte de México.

Para AI esta repetición de recomendaciones en temas como la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la reforma del fuero militar, la eliminación del arraigo, la lucha contra la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la violencia contra las mujeres  y el combate a la pobreza muestra claramente que las medidas presentadas por México en su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos son claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país.

En su reciente informe al Consejo de Derechos Humanos de  las Naciones Unidas, México sobredimensionó sus avances en materia de derechos humanos, argumentando avances que desafiaban la realidad, al tiempo que las graves violaciones de derechos humanos han continuado y la casi total impunidad sobre estas violaciones ha permanecido.

Las autoridades mexicanas pretendieron convencer a la comunidad internacional de que la publicación de leyes y la  creación de organismos públicos son la solución a los graves problemas del país, omitiendo casi absolutamente referirse a la realidad que se vive en México. Las evidentes omisiones en su informe parecerían tener como propósito ocultar las preocupantes fallas en esta materia.

Amnistía Internacional considera que la negativa a reconocer la falta de avances perjudica principalmente a las propias víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes permanecen a la espera de acciones efectivas para asegurar que quienes han cometido violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.

Si las autoridades mexicanas quieren demostrar que en esta ocasión sí existe una verdadera voluntad para cumplir con sus obligaciones, deberán anunciar las acciones que tomarán para terminar con la impunidad en los casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional también recuerda a las autoridades que para asegurar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no es suficiente mantener una estructura burocrática, sino que es esencial que este mecanismo disponga del apoyo político y de los recursos adecuados para operar efectivamente.

Así mismo, para combatir los abusos contra personas migrantes o la violencia contra las niñas y mujeres no basta con reconocer la gravedad de estos problemas sino que es necesario que se implementen políticas que reduzcan la violencia y lleven ante la justicia a sus responsables.

Para hacer valer efectivamente los derechos de quienes integran comunidades indígenas es necesario pasar de la retórica a la práctica, poniendo en marcha políticas efectivas desarrolladas en conjunto con quienes integran estas comunidades.  Amnistía Internacional considera que garantizar un acceso a la justicia y la participación en las decisiones que afecten sus vidas deberán ser componentes centrales de estas políticas.

Nuevamente la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de que el gobierno mexicano tenga una clara agenda de derechos humanos. Ahora depende de las autoridades de este país el demostrar a la comunidad internacional y, sobre todo, a la sociedad mexicana, que tomarán en serio su responsabilidad de hacer de los derechos humanos una realidad, concluyó.