El alto nivel de pobreza que padece Puebla propicia que el estado sea vulnerable a actos de corrupción y a violaciones a las garantías económicas e individuales de sus habitantes, según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregado al Senado de la República.

El informe refiere que México carece de indicadores sobre percepción y medición de corrupción, sin embargo el país ocupa la posición 123 de 176 países del ranking que la organización Transparencia Internacional realiza para medir esos dos aspectos.

Para combatir esa situación, la CNDH recomendó atender las violaciones “estructurales” a los derechos humanos, priorizar el combate a la corrupción a nivel federal pues genera procesos de cooptación estatal, así como detectar redes de criminalidad que involucren al crimen organizado con órganos estatales.

El reporte fue elaborado con base en una investigación efectuada en 2016 y 2017, por encargo de la Comisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Pobreza genera corrupción

De acuerdo con el informe, la relación entre los derechos económicos, sociales y la pobreza es amplia, pues este último factor propicia actos de violación a esas garantías. Como vulnerables a esa situación fueron ubicados los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, quienes tienen el índice de marginación más alto del país, según cifras del Coneval.

En ese sentido, las entidades con menos vulnerabilidad son: Nuevo León, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, localizados en el norte del país, pues tienen los niveles más bajos de pobreza.

Un ejemplo de lo anterior, según el reporte, es el derecho a la salud, pues el acceso a estos servicios tiene una correlación con la percepción de corrupción: “A mayor percepción de la corrupción, más población sin acceso a la salud, más mortalidad infantil y menos esperanza de vida al nacer”, dice la CNDH en el documento.

Organismos garantes deben alertar sobre el tema

La Comisión subrayó en su informe la necesidad de que los organismos especializados en la defensa y protección de los derechos humanos den cuenta de que la corrupción es un factor que puede generar violaciones a las garantías de los individuos.

“Esto no quiere decir que dichos órganos se hagan cargo de la lucha contra la corrupción. Existen órganos especializados en ello, más aún, en México es todavía reciente la aparición del Sistema Nacional Anticorrupción. En cambio, lo que sí puede hacerse es dar cuenta de cómo la corrupción genera violaciones a derechos humanos…”, dice el reporte.

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