Bloqueos carreteros y marchas que iban desde Tijuana hasta Puerto Morelos, pasando por el Ángel de la Independencia, abrieron este 2017. La liberación en los precios de las gasolinas logró lo que el gobierno federal no había conseguido en cuatro años: unificar a los mexicanos, pero en su contra. Las protestas se registraron durante las primeras dos semanas de enero e incluyeron saqueos, heridos y arrestados.

El gabinete de Enrique Peña Nieto apenas y acertaba a reaccionar, recién desempacado de sus vacaciones, cuando en Jalisco vieron una oportunidad. Dos iniciativas legislativas coincidieron para proponer la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y ahorrar del 60 hasta el 100 por ciento de esos recursos en beneficio de los ciudadanos.

El 8 de enero, una semana después de iniciadas las movilizaciones, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció una serie de medidas en apoyo a la población ante el aumento al precio de los combustibles. Entre ellas incluyó una iniciativa para suprimir el financiamiento a los partidos en años en los que no hay proceso electoral. Dichos recursos serían destinados al Fondo de Contingencia recién creado para entregar apoyos sociales a la población más vulnerable. La propuesta, dada a conocer con el lema #SiSeQuiereSePuede, proponía dejar un presupuesto simbólico para esos años por el monto de 1 peso.

El 12 de enero, el diputado independiente Pedro Kumamoto presentó por su parte una iniciativa para que los partidos recibieran un financiamiento público en función al número de votos obtenidos en las elecciones y no según la cantidad de personas registradas en el padrón electoral, como establece la ley. La propuesta, conocida con el lema #SinVotoNoHayDinero, planteaba con ello ahorrar hasta el 60% de los recursos públicos. Es decir, 2,253 millones de pesos anuales a nivel nacional.

En un inicio, el Congreso local recibió con resistencia la iniciativa del gobernador. Lo acusaban de querer aprobar algo inconstitucional, pues en la Carta Magna está estipulado que los partidos cuenten con dinero público para sus actividades ordinarias y para la promoción del voto. Sandoval llamó a los legisladores a “ir juntos en la discusión” y atender la exigencia de la gente.

Finalmente, el Congreso aprobó por unanimidad enviar las iniciativas a la Cámara de Diputados. El 2 de febrero, Kumamoto entregó personalmente su proyecto en San Lázaro, acompañado por el diputado federal independiente Manuel Clouthier y con el respaldo de las grupos parlamentarios del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

Un mes después, el gobernador de Jalisco hizo un llamado a los diputados federales para discutir ambas propuestas y legislar su aplicación a nivel nacional, al tiempo que Kumamoto reforzaba una campaña en medios y redes sociales para concitar el apoyo ciudadano.

Pero en la Cámara de Diputados ni siquiera quisieron discutir el tema. El 28 de abril, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales faltaron a la sesión y las iniciativas no se pudieron discutir ni votar, y quedaron congeladas.

No así en Jalisco. Después de una serie de negociaciones en el Congreso local, el gobernador Sandoval y Kumamoto se tomaron un café el 25 de mayo en el palacio de gobierno, para discutir una propuesta “compartida y seria” en una reunión que se transmitió en vivo en las redes sociales.