Los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios que ha firmado el gobierno del estado con diversas constructoras para el desarrollo de obras en lo que va de la actual administración estatal deben hacerse públicos aun cuando esto no esté contemplado en la ley actual.

Esto lo aseguró Juan José Rico Urbiola, director de la Escuela de Derecho y Diplomacia del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, durante la Semana de Transparencia que se lleva a cabo en dicha universidad.

Explicó que el dinero que está en poder del gobierno “es de todos”, por lo que las autoridades están obligadas a rendir cuentas a la población sobre la forma en la que se ejercen estos recursos.

En el caso particular de Puebla, ha generado polémica que los contratos de PPS que ha contraído la administración de Rafael Moreno Valle para la construcción del Centro Integral de Servicios, el Teleférico y la Rueda de Observación, por mencionar unos ejemplos, están reservados.

Ante esto, Rico Urbiola señaló que aun cuando en la ley no se establece puntualmente que este tipo de convenios tienen que ser de libre acceso para la población, los funcionarios deben considerar siempre primero el concepto de máxima publicidad que establece la Constitución.

No sólo porque la ley obligue a los servidores públicos a transparentar los recursos es que se debe hacer esto, sino que las autoridades deben tener voluntad para la rendición de cuentas, porque esto incrementa la confianza de la población en sus gobernantes, explicó el especialista.

Es necesario que las instituciones y los gobiernos compartan qué están haciendo con los recursos públicos porque, finalmente, “no son suyos”, puntualizó el abogado.