A 100 días de gobierno de Antonio Gali Fayad, continúa  la política transexenal de autoritarismo y  represión, heredada del gobierno de Rafael Moreno Valle, aseveró  el Comité para la Libertad de Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla.

En rueda de prensa, la representante del Comité, Carolina González Barranco, aseguró que la actual administración, en materia de derechos humanos, es, en la práctica, la misma del gobierno predecesor. Agregó que Gali Fayad ha ignorado el llamado para que los expedientes de los 366 presos políticos sean revisados y se otorgue la libertad a quienes mostraron oposición a las políticas del anterior gobierno.

González Barranco aseguró que el arraigo domiciliario al líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre Rubén Sarabia “Simitrio” y al exfuncionario marinista Francisco Montemayor, ambos considerados presos políticos del morenovallismo, fue un acto obligado por la ley y no una  concesión de parte del gobernador actual.

“No fue una muestra de nada, lo único que hizo el gobierno estatal fue dejar de obstaculizar los procesos que por ley se habían ganado y cuyo beneficio les era otorgado. Los procesos largos, penosos, la fabricación de expedientes con delitos falsos continúan en este gobierno”, asentó.

Este martes 23 de mayo en las oficinas del Centro Integral de Servicios, abogados, familiares de presos políticos e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, entregarán al mandatario Antonio Gali Fayad, en su despacho, más de 16, 290 firmas de ciudadanos indignados que exigen la revisión de los casos de 366 presos políticos en Puebla, personas en situación de arraigo, procesados, con órdenes de aprehensión y perseguidos.

Desde febrero de este año, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión inició una campaña para exigir la libertad de ciudadanos sobre los que recayeron procesos legales por participar en protestas sociales, defender su territorio y los derechos fundamentales, por disentir u oponerse a las políticas o proyectos del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Puebla continúa ocupando el primer lugar nacional con el mayor número de presos políticos en México, personas que han visto restringida su libertad, seguridad y economía por la persecución que no ha cesado, dijo Barranco.