Las autoridades poblanas solo han iniciado un expediente por desaparición forzada desde 2012 cuando este delito fue tipificado en la legislatura local, según datos obtenidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2017 elaborado por la CNDH se desprende que entre 2012 hasta diciembre de 2016, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo tenía registró de un caso de este tipo.

Según informó la dependencia, el único caso se inició en 2015, sin especificar el mes, por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) y fue radicado en el municipio de Puebla, pero desde entonces a la fecha el expediente permanece “en trámite”.

El delito de desaparición forzada de persona fue tipificado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de enero de 2012. El Estado de México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán son las únicas entidades que no tienen tipificado este delito.

Casos de desaparición forzada en Puebla

De acuerdo con un recuento hemerográfico realizado por e-consulta sobre casos que podrían corresponder a desaparición forzada en Puebla, en los últimos dos años se han presentado por lo menos tres casos que implican a 18 víctimas.

El primer caso gira en torno al empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, quien a finales de 2015 comenzó una cacería en contra de seis vecinos de la colonia Lomas de San Miguel en Puebla capital, a quienes acusaba de haber perpetrado un supuesto asalto en casa de uno de sus familiares.

Con ayuda de cuatro personas y dos agentes ministeriales, Aduna Villavicencio ordenó levantarlos uno por uno y llevarlos hasta un rancho de su propiedad en los límites con Tlaxcala, donde los ejecutó y dispuso que los calcinaran.

Hasta la fecha, la FGE solo ha localizado la ropa de las víctimas pero no ha logrado dar evidencia de que efectivamente hayan sido calcinados.

El segundo caso ocurrió el 1 de marzo del 2016 en un palenque clandestino instalado a escasos 50 metros de la Presidencia de Cuautlancingo, donde un comando armado presuntamente ligado a Los Zetas, ejecutó un levantón en contra de al menos 20 personas.

Apenas dos días después, agentes ministeriales hicieron el levantamiento de cadáver de al menos nueve personas en el municipio de Calpan, las cuales estaban desmembradas y sus partes en al menos cuatro tambos con ácido.

De acuerdo con el fiscal Víctor Carrancá Bourget en declaraciones dadas días después, varios de los cadáveres de Calpan pertenecían a los galleros levantados en Cuautlancingo.

El último hecho de esta índole tuvo lugar el pasado 9 de marzo del 2017, cuando tres agentes de la Fiscalía en Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) de Puebla fueron levantados por miembros del crimen organizado en el municipio de Atzizintla cuando investigaban la célula criminal de Los Bukanas.

Tras ser llevados contra su voluntad, los agentes fueron hallados horas más tarde ejecutados en la batea de su camioneta en el municipio de Maltrata, Veracruz. Las autoridades poblanas desplegaron un operativo en el que detuvieron a 87 personas vinculadas con la banda encargada de la ejecución de sus elementos, aunque el líder identificado como “El Bukanas”, logró huir.