La Auditoría Superior del Estado (ASE) emplazó a una audiencia para el próximo 3 de abril a Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, quien acusó un uso político en la aprobación de su cuenta pública 2013.

Fue la semana pasada cuando las áreas jurídicas del Congreso y el órgano fiscalizador notificaron al panista de la cita, en la que se prevé se le notifique la resolución del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), aprobado en diciembre pasado.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, confirmó que la ASE dará una “audiencia de ley” a Rivera Pérez, quien debe solventar el uso de 411 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

En entrevista, el panista sentenció que ante la estrategia legal que Rivera Pérez emprendió tras la presentación de un amparo, el tema debe quedar fuera del Congreso y resolverse ante los tribunales.

“Había dos caminos en el caso del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades del exalcalde Eduardo Rivera, uno que tiene que ver por la vía administrativa, que era solventar las observaciones que se le habían impuesto, solventarla, presentar la documentación correspondiente, los contratos, las facturas; y el segundo litigarlo, yo ya no veo la hora que este tema salga del Congreso y se litigue donde se debe de litigar que es en los tribunales”.

Fue el pasado 15 de marzo cuando el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales admitió el amparo solicitado por Rivera Pérez, el cual se identifica con la clave 553/2017/IV.

El recurso legal otorgado al exalcalde de Puebla (2011-2014) se originó por el incumplimiento del Congreso y la ASE para responder, en un plazo máximo de 30 días, si solventó o no las observaciones hechas a su cuenta pública.

La autoridad judicial dio un plazo de 15 días al poder legislativo y al órgano fiscalizador para responder a la demanda de Rivera Pérez, pero también obliga a los representantes jurídicos del Congreso del Estado a asistir a una audiencia el 25 de abril.