Por cuarta vez, integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) entregaron al Congreso local una petición ciudadana con 1037 firmas para echar abajo la reforma a la Constitución del estado de Puebla que legaliza la privatización del agua y atenta contra el derecho humano a su acceso.

Una comisión entregó esta mañana en la oficina de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una carta donde refutan la redacción del Artículo 12  fracción VI pues aseguran que incumple el Artículo 4 de la Constitución federal y es contrario al derecho universal de acceso al agua.

En un breve mitin frente a la sede legislativa señalaron que esta reforma propuesta por el gobernador Antonio Gali Fayad y aprobada por legisladores, es fallida e ilegal y pidieron que sea revertida.

María Eugenia Ochoa integrante de ASA explicó que esta legislación al ser “bajada a los ayuntamientos” es rechazada en municipios que toman consciencia de la violación al derecho humano universal al agua, pues la legislación centraliza la administración en el Ejecutivo y empresas concesionarias y los excluye de su tutelaje.

ASA reiteró su acusación de que Puebla es de los doce últimos estados que no han efectuado el reconocimiento al derecho humano al agua como bien público fundamental y, por lo tanto,  no es tratada como un bien social y cultural.

Reiteran petición a legisladores

El  7 de abril de 2016 ASA hizo llegar a los diputados formatos de solicitud acompañados por más de cinco mil firmas ciudadanas que fueron ignoradas, por lo que el 9 de junio se realizó frente a la instalación un mitin en recordatorio, donde se anexaron mil firmas más, sin que hubiera respuesta.

El ejercicio ciudadano se repitió el 25 de agosto y también el 24 de noviembre, hechos que también fueron pasados por alto. Cuando se aprobó la iniciativa del gobernador de Puebla para reformar la legislación del agua, no hubo información a la organización pese que así lo habían prometido legisladores que habían recibido las peticiones anteriores.

“Fueron los medios de comunicación los que revelaron la reforma que no tuvo consenso con organizaciones especializadas y no tomó en cuenta la propuesta ciudadana pese a la presencia de documentos donde se justificaba, con Tratados Internacionales, cada propuesta”, dijo María Eugenia Ochoa.

La exigencia de ASA es que legisladores consideren en el Código poblano el derecho humano al agua garantizando la provisión a toda la población, sin que se otorgue unos días a la semana, que esté tratada y sea saludable.