Autorizar deudas a pagar a 10 años por la renovación del alumbrado público en 17 localidades es un acto irresponsable del Congreso, que los ciudadanos no deben tolerar, señaló José Alfredo Vega Herrera, presidente de la Agrupación de Constructoras y Empresarios Puebla Siglo XXI, tras enfatizar que las necesidades de obra pública deben contar con un estudio previo, pero también con el análisis de las mejores alternativas para no hipotecar el futuro de los poblanos.

No importa lo que diga la Ley de Deuda del Estado de Puebla, los PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) sí son deuda pública, y sujetar a este esquema las obras e infraestructura que se requiere corremos el riesgo de que en el futuro no haya futuro, aseguró.

Explicó que las deudas contraídas por el Estado de Puebla  por 8 mil 958.8 millones de pesos equivalen al 39% del total de las participaciones que Puebla recibirá en 2013 por 23 mil 34 millones de pesos, lo preocupante es que este dinero ni siquiera es generado por la entidad, sino que corresponde íntegramente a fondos aportados desde la Federación. Gastamos lo que no tenemos, dijo.

Por ello, ACOEM Siglo XXI para evitar esa discrecionalidad en la asignación de las obras con objetivos poco claros, hemos insistido en la importancia de contar con una Secretaría de Planeación que efectivamente se avoque a analizar las necesidades, los escenarios ideales para cubrirlas, indagar sobre las mejores alternativas a los costos adecuados, determinar las prioridades, articular las acciones conforme a los grandes objetivos del estado, pero también las metas locales, reduciendo los riesgos, midiendo los progresos y controlando los resultados.