Existe una clara vinculación entre los nuevos integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) y el gobernador Rafael Moreno Valle, que deslegitima y resta credibilidad a este nuevo organismo, consideró el capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

Este miércoles el Congreso local eligió a María Gabriela Sierra Palacios, Germán Loeschmann Moreno y Laura Marcela Carcaño Ruiz, como los nuevos integrantes del recientemente creado ITAIP.

Sobre el tema, Rafael Hernández García Cano, titular del capítulo en Puebla de la AMEDI, refirió que existe una clara vinculación entre los nuevos integrantes del organismo encargado de garantizar la transparencia en la información pública y el jefe del Ejecutivo en la entidad.

Sobre Carcaño Ruiz comentó, durante entrevista vía telefónica, que laboró como directora de Análisis de Información de Coordinación General de Delegaciones y Comisarías de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con lo que se presume una relación cercana con la actual diputada local panista Irma Patricia Leal Islas, quien fue titular de esa dependencia y es cercana al gobernador del estado.

Resaltó el caso de Sierra Palacios, pues es cercana a Martha Erika Alonso Hidalgo, secretaria general del PAN y esposa del gobernador, además resaltó que cuando fungió como integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se caracterizó por evitar abrir expedientes de datos gubernamentales.

Respecto a Loeschmann Moreno comentó que aunque laboró en la CAIP, también puede presumirse una relación cercana con el mandatario estatal, pues se sabe de la influencia que éste ejerce sobre la ahora extinta CAIP.

El académico previó una actuación poco transparente respecto de los nuevos integrantes del ITAIP, pues al tener un vínculo con la administración estatal, carecen de legitimidad y de credibilidad.

No obstante, recordó que la nueva legislación en materia de transparencia permite a los ciudadanos inconformarse ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) en caso de que el órgano garante local no resuelva sus solicitudes de información pública.

En ese sentido, previó una cascada de recursos que el INAI deberá atender, ante la actuación opaca que se vislumbra en los titulares del nuevo Instituto.