Habitantes de San Bernardino Tlaxcalancingo desmintieron la declaración del Secretario de Gobernación de San Andrés Cholula,  Óscar Palacios y  aseguraron que no hay consenso de ciudadanos para la implementación de un sistema de agua potable en los barrios de Cuayantla, Galeotitla y el centro de la junta auxiliar municipal.

Integrante del Comité Provisional del Agua de San Bernardino Tlaxcalancingo reiteraron su oposición y desconfianza con la administración del agua potable municipal y del gobierno de Leoncio Paisano, mostrando la consulta pública por medio de boletas personalizadas que muestran el rechazo de 98.9 por ciento de los consultados.

Antonio Toribio Pájaros y Feliciano Cuautle exigieron a las autoridades honestidad y el cumplimiento de los compromisos a los que ciñeron en la asamblea celebrada el pasado 6 de noviembre a la que asistieron más de 2 mil personas.

Los integrantes del Comité aseguraron que existe un proyecto de agua potable ciudadano que ha sido propuesto. Insistieron en que antes de otras medidas agotarán el diálogo pero no descartaron recurrir a tribunales. 

La oposición, explicaron se debe a que el proyecto, además de llevarse a cabo en medio de total opacidad, tiene un carácter profundamente recaudatorio. 

Y es que con el pretexto de un adeudo por agua potable, de 3 años atrás, a los vecinos de la colonia Coyotepec se les ha impuesto un cobro de tarifa de 15 mil pesos, pago obligatorio en el pago del predial. 

“El gobierno municipal pretende imponernos un pago anual por el Sistema de Agua Potable superior a los 7 mil pesos anuales, sin que garantice la continuidad del servicio. La implementación de dicho proyecto en la comunidad de Tlaxcalancingo provocará también un cambio en el tipo de zona y elevará los impuestos de todos los habitantes, que vivimos principalmente de la agricultura”, señalaron.

Calificaron de irresponsables las declaraciones del funcionario pues “violentan los derechos de la comunidad que se manifestó claramente en contra poniendo en riesgo la estabilidad social al intentar imponer un proyecto cuyos beneficiarios no son los pobladores sino los gobiernos y la empresa Comercializadora y Constructora VYM.

Lamentaron que aún cuando hay necesidad de obras prioritarias funcionarios del municipio haya hecho caso omiso.

Los integrantes del Comité Provisional asentaron que la agrupación no es una asociación o grupo con fines políticos por lo que exigieron respeto a su derecho, como pueblo originario, a la consulta y la autodeterminación.