Veintiuna organizaciones civiles, empresariales y ciudadanas denunciaron la opacidad, inequidad y las violaciones legales con que el Congreso del estado conduce la designación de los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del estado de Puebla (IAIP), antes CAIP.

El pasado 12 de octubre, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), capítulo Puebla, solicitó a los diputados locales conformar un panel de expertos, provenientes de la sociedad civil e instituciones académicas, para elegir a un nuevo comisionado, ante la salida programada del presidente Javier Fregoso Sánchez. 

Sin embargo el 15 de noviembre el Congreso reformó el artículo 12 de la Constitución Política del estado de Puebla, con lo que la CAIP se convirtió en el Instituto de Transparencia y abrió la puerta para la renovación no de uno, sino de sus tres comisionados.

Aún con este escenario, se planteó de nueva cuenta el apoyo de expertos para valorar a los candidatos a los tres cargos, colaborar en el sistema de evaluación, elaborar una lista de los perfiles idóneos y entregarla a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública para integrar las ternas y seleccionar a los comisionados.

Sin embargo la propuesta fue ignorada por los legisladores.

Este martes, las organizaciones se pronunciaron en contra de que los legisladores locales hayan rechazado la instalación de un panel de expertos, e indicaron que la iniciativa sólo plantea generar las condiciones para que los nombramientos que emanen del proceso cuenten con legitimidad de origen y generen confianza en la ciudadanía.

Manifestaron su preocupación en torno al proceso de designación que lleva a cabo el Congreso y porque no haya condiciones de transparencia en este procedimiento.

Las organizaciones que se pronunciaron fueron el Nodo de Transparencia de Puebla, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla), Artículo 19, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias A.C., México Evalúa, Capítulo Puebla de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Lado B y el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS).

Asimismo, también firmaron la Integradora de Participación Ciudadana, el Consejo Ciudadano a la Contraloría, Puebla Vigila, la Comisión Anticorrupción de COPARMEX-Puebla, el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación A.C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Renacer Lagunero A.C., la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., Efecto Valores A.C. y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Congreso violó la ley y actuó en total opacidad

Entre sus señalamientos, las organizaciones y ciudadanos informaron que el Poder Legislativo local debió emitir en la tercera semana de octubre –y no a finales de noviembre- la convocatoria para la renovación de un comisionado de la entonces Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP).

Consideraron como “un acto de omisión” que los diputados locales no hayan lanzado la convocatoria en tiempo y forma, con la justificación de que “estaban analizando una reforma constitucional en materia de transparencia”.

Lo anterior, mencionaron, fue una total violación a la armonización de la nueva Ley de Transparencia, que fue aprobada por el propio Congreso estatal el pasado 4 de mayo y en la que se garantizaba que no tendría cambios.

En noviembre pasado, el Congreso estatal anunció la presentación de una iniciativa en la que la CAIP pasaría a ser el Instituto de Transparencia y en la que habría una renovación total de los comisionados y de los nuevos integrantes, además de que estos gozarían de fuero constitucional.

El diputado del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, señaló que había “argumento jurídico” para el cambio total de los comisionados y descartó que se incurriera en un acto de inconstitucionalidad.

Plazos en convocatoria son insuficientes

Otra de las críticas en el pronunciamiento es que son “insuficientes” los plazos establecidos en la convocatoria emitida por el Congreso del Estado el pasado viernes 25 de noviembre, para la presentación de las candidaturas.

Mencionaron que al reducirse dicho periodo, se abre la posibilidad de que los candidatos no sólo carezcan de la experiencia requerida, sino que se elijan perfiles cercanos al gobierno del estado. 

Es preciso recordar que fue un plazo de tres semanas lo que el Congreso estableció para convocar, reclutar, evaluar y elegir a los tres comisionados que integrarán el nuevo Instituto de Transparencia del Estado de Puebla.

Por lo anterior, las organizaciones y ciudadanos manifestaron su preocupación por la posible cooptación del órgano garante, a partir de un proceso que nuevamente “esté viciado de origen y que no genere las condiciones necesarias para que los nombramientos que emanen de este cuenten con legitimidad de origen”. 

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