Afectaciones en materia de generación de empleos, atracción de inversiones, así como incertidumbre jurídica son los principales problemas que observan los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en caso de que se llegue a aprobar la Reforma Hacendaria por parte de los legisladores federales.

En conferencia de prensa, el tesorero del organismo, Mariano Saavedra Lozano, argumentó que aunado a estos problemas los contribuyentes prácticamente serán para la autoridad fiscal culpables de evadir impuestos hasta en tanto no se demuestre lo contrario.

“Las actividades de los contribuyentes sean o no licitas son sospechosas y esto provocaría el rechazo a ciertas deducciones o ciertos gastos por la simple presunción de la autoridad, eliminando el derecho a ir a un proceso jurídico que permita tener la certeza de si se actúa de manera correcta o incorrectamente”, refirió.

Asimismo, puntualizó que los empresarios adheridos a la Canacintra no se oponen a ningún acto de fiscalización por parte de las autoridades, sin embargo a lo que sí se oponen es a que se actúe de manera discrecional en un Estado de Derecho que está consagrado en los principios básicos de nuestra constitución que establece que el particular será inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Por su parte, el presidente del organismo, Erich Junghanns Diestel, hizo un llamado a los diputados poblanos que tienen representatividad en el Congreso de la Unión y a los senadores, para que realicen un análisis profundo y responsable de la propuesta de Reforma Hacendaria que presentó el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto.

“En estas acciones se tiene que tomar en cuenta las observaciones y preocupaciones, así como las recomendaciones que hace el sector industrial de Puebla, a fin de evitar impactos negativos que deriven en la falta de competitividad, la no generación de empleos y la falta de rentabilidad de las empresas”, argumentó.

Agregó que la propuesta que hacen desde la Canacintra va en el sentido de la ampliación de la base de contribuyentes y no cargar sólo a los cautivos de una mayor cantidad de impuestos, pues la aplicación de gravámenes al consumo sería una política fiscal eficiente, simple y transparente.