La revuelta ciudadana contra la corrupción

Durante mucho tiempo los mexicanos hemos convivido con la corrupción. En los últimos 20 años el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha ubicado a México entre los países más corruptos, sin que ello alterara las dinámicas de uso y abuso de los recursos públicos. Así que lo que ha cambiado es la cada vez menor tolerancia social frente a este problema.

 

 Este cambio, que maduró de manera gradual, necesitó de un momento de catarsis para que la atención y los esfuerzos de la sociedad organizada y la academia se concentraran en modificar el espacio público y el contexto institucional que permitía y fomentaba la corrupción. De acuerdo con Mauricio Merino (México: la batalla contra la corrupción, 2015), este cambio fue propiciado por los casos de Ayotzinapa y la Casa Blanca. Éstos y otros sucesos pusieron en evidencia que existe una transformación en la moral pública y privada. El antropólogo Claudio Lomnitz escribió al respecto: “Hay en México hoy una demanda o, mejor dicho, una sensación difusa pero muy palpable, que pide cambios hondos en la moral pública” (Revolución moral, en La Jornada 17/12/2014).

 

El hartazgo, la apatía, la indignación y el enojo de la sociedad mexicana tenían dos posibles causas: el aumento de la desesperanza y la violencia o la organización social y el cambio institucional. Esta última fue la apuesta ciudadana detrás de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Durante los últimos 30 años, el Estado mexicano intentó abatir la corrupción con diferentes instituciones y mecanismos. Todos fallaron estrepitosamente. El más reciente intento en esa dirección ocurrió en 2012, cuando el entonces candidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Presos de la demagogia política, se buscaba encontrar una “bala de plata” que resolviera el problema. Frente a esta propuesta, las organizaciones académicas y sociales reaccionaron y lograron modificar el rumbo fomentando una profunda reforma constitucional (Diario Oficial de la Federación 250515).

Los cambios a la Constitución eran sólo el inicio de un largo camino, pues eran necesarias las normas secundarias que aterrizaran la operación constitucional. La sociedad civil, junto con la academia y los empresarios, tomaron la delantera, y con la llamada Ley 3de3, apoyada por más de 600 mil firmas, lograron incidir de manera significativa en el diseño del SNA.

 

En efecto, la Ley 3de3 fue la punta de lanza para crear un nuevo espacio de coordinación y colaboración interinstitucional capaz de generar políticas y acciones articuladas entre seis instituciones que actuaban de manera fragmentada. La idea es asegurar una acción concertada del órgano responsable de la transparencia (el INAI) de las instituciones de control interno (Secretaría de la Función Pública) y la fiscalización (Auditoría Superior de la Federación) de la persecución de los delitos (Fiscalía Especializada en materia de anticorrupción), y de aquellas que tienen la encomienda de juzgar e imponer las sanciones (Tribunal de Justicia Administrativa y Consejo de la Judicatura Federal). En otras palabras, en lugar de crear otra institución, se trataba de asegurar una política nacional capaz de incidir eficazmente en la prevención, combate y sanción de la corrupción mediante un cambio profundo del marco normativo y político que articulara la acción de las instituciones existentes.

 

Todo lo anterior era necesario, pero no suficiente. La verdadera innovación del SNA es que otorgó a los ciudadanos la presidencia del sistema y con ello la capacidad de incidir en la agenda. Así, se creó el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad política y técnica de conducir el SNA. Deberán marcar la ruta, establecer y medir los objetivos, combatir las inercias y exigir públicamente resultados. Este comité puede jugar en la vida del país un papel tan importante como el que, en su momento, jugó el primer consejo electoral ciudadano.

 

 

FRENTES POLITICOS                                                                                                                                                      Excélsior

I. Debut fallido. La ofensiva de odio de Donald Trump contra los mexicanos es un fracaso, pues su lucha contra “violadores” y “bad hombres” ha levantado encendidas protestas en territorio estadunidense. Trump pelea ahora también contra las comunidades de California, Nueva York, Illinois y una veintena de estados, que no creen en el estilo de gobernar de su propio Presidente. Y lo mejor es que rectores de universidades de Estados Unidos informaron a Enrique Graue, rector de la UNAM, sobre las acciones legales que preparan en defensa de sus estudiantes, en particular de los llamados dreamers. La solidaridad con México es hoy el bien más preciado. Y hay mucha.

 

II. Fortaleza. El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, informó que la conectividad, infraestructura y el conocimiento del mercado permiten que México viva uno de sus mejores momentos. En 2016 hubo 11.6 millones de viajeros más que en 2012 y, además, por cuarto año consecutivo habrá un récord histórico en turismo internacional, equivalente al número de visitas que reciben Brasil y Argentina juntos. Nueve millones de mexicanos viven directa o indirectamente del turismo. Éstos son resultados. Nuestro crecimiento como país no depende de nadie más que de nosotros mismos. Somos más que un muro.

 

III. Ay, Xóchitl. Según la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, quienes quieran “vengarse de Donald Trump sólo tendrán que acudir a los baños del mercado de Lago Garda, donde por cinco pesos podrán utilizar papel sanitario con la cara del presidente estadunidense.  La panista hizo el anuncio durante la entrega de la remodelación de los sanitarios del mercado. Rodeada de locatarios, Gálvez cortó el listón y dijo que, por ahora, el papel con el rostro de Trump estaba de promoción. Lo que hace falta no es molestar a Trump. Necesitamos inversión en obra pública o programas sociales. ¿Alguna otra idea para caer más bajo?

 

IV. La unión hace la fuerza. Nunca como ahora es momento de mostrar lo cercanos que estamos. Este domingo 12 de febrero, mientras en diversas ciudades de México y Estados Unidos se desarrollen marchas en contra de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) convocó a las televisoras y radiodifusoras del país a que transmitan de manera simultánea el Himno Nacional, a las 14 horas, como muestra de unidad nacional. “Esta convocatoria es una forma de reiterar que la nuestra es una industria nacionalista, solidaria y responsable”, indicó la CIRT. Entone el Himno en casa. Y, por favor, recuerde: Juntos somos más. 

 

V. Intocables. Los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron reducirse el salario como medida de austeridad. De acuerdo con un documento de la Corte, bajarles el sueldo sería inconstitucional, pues sus ingresos se rigen por el principio de irreductibilidad del artículo 94 de la Constitución. Firmado por Rafael Coello, secretario general de Acuerdos de la Corte, establece que “tanto la SCJN como cualquier órgano constituido del Estado mexicano se encuentran constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones”. Cada ministro de la SCJN gana 520 mil pesos mensuales. Gracias… (y como todos, le quedan a deber al bolero y le regatean)