Los gobiernos estatales y municipales tendrán que valorar sus pasivos pensionarios mediante estudios actuariales, los cuales se deberán actualizar cada cuatro años en los ayuntamientos y cada dos en los Estados, según lo exige la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

Además, cuando las entidades reporten excedentes en sus ingresos, tendrán la opción de destinarlos a liquidar deudas, hacer un fondo de reservas y/o sanear o fortalecer su sistema de pensiones.

“Si los estados hacen uso del gasto corriente para pagar pensiones, es tiempo, y a lo mejor se deriva de una reforma pensionaria local, que revisen la situación de estas leyes; que actualicen la parte actuarial (...) a veces lo que observamos es que estas leyes ya no se están actualizando según las finanzas de cada entidad”, dijo Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. 

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