Puebla toleró a informales vinculados a Nueva Alianza
Una cosa es el discurso y otra la realidad.
La administración municipal de Puebla encabezada por José Antonio Gali Fayad prometió enfrentar el problema del ambulantaje en las calles del Centro Histórico.
A través del entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Guillermo Aréchiga Santamaría, se dieron plazos, estrategias, proyecciones, todo en aras de abonar en la percepción de que éste gobierno sí trabajaría por erradicar un problema añejo.
Si bien el comercio informal no es producto de la actual administración, a partir de dos lecturas, una partidista y otra recaudatoria, podemos inferir que durante el primer año de gobierno este fenómeno no solo no se combatió, sino que se toleró y multiplicó.
La razón política que supone una protección proviene de la afiliación de comerciantes informales al partido Nueva Alianza, el mismo del que es parte Guillermo Aréchiga y el regidor Gustavo Espinosa Vázquez, que, irónicamente, pide que no exista tolerancia para estos.
En agosto del año pasado, el partido que encabeza Gerardo Islas Maldonado dio la bienvenida a dos agrupaciones de informales "Miguel Hidalgo y Costilla" y la "11 de marzo" que representaban el respaldo y futura afiliación de unos 2 mil comerciantes.
Miguel Ángel Huitzil, uno de los dirigentes que aquella ocasión declaró sobre la adhesión al partido magisterial pertenece al grupo que manejaba las zona de El Carolino y aledañas al Zócalo.
La referencia político-partidista viene a colación para dimensionar la segunda arista, que está ligada a los recursos que se obtuvieron derivados del cobro de multas por actividades de ambulantaje y que se compara con un periodo similar de la pasada administración donde, le adelanto se ve una marcada disminución de ingresos.
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Si evaluamos los seis últimos meses de gestión de Guillermo Aréchiga como Secretario de Gobernación y los comparamos con idéntico semestre pero del gobierno anterior, el de Eduardo Rivera Pérez, tan solo en el rubro de multas a informales, veremos que los ingresos decrecieron en 71 por ciento.
Es decir, que de agosto a diciembre del 2014 el gobierno aplicó una política laxa y dejó de sancionar la actividad informal. Mientras en el periodo de 2013 ingresaron a las arcas municipales 474 mil 529 pesos con 14 centavos, para el año siguiente la cantidad bajó a 137 mil, 296 pesos con 41 centavos.
Visto por mes, en agosto pasado las multas cobradas ascendieron a 33 mil 160 pesos, cuando en el 2013 la cantidad fue de 101 mil 461 pesos con 14 centavos; en septiembre la situación tuvo una diferencia a la baja de 55 mil 259, al pasar de 95 mil 753 a 40 mil 493.95 pesos ; octubre, el mes de mayor disparidad registró ingresos por 132 mil 704 pesos en 2013 contra 21 mil 809.34 pesos en 2014; en noviembre la diferencia fue de 81 mil 276 contra 38 mil 325.77 pesos; mientras que para diciembre pasado, uno de los meses de mayor actividad comercial, la gestión de Aréchiga apenas juntó 3 mil 507.35 pesos cuando su antecesor, Eduardo Alcántara Montiel, para ese mismo mes aplicó multas por 63 mil 344 pesos.
Si bien los montos no son elevados, sí permiten dimensionar una complacencia de la autoridad hacia comerciantes informales al menos por la vía formal, la que puede medirse mediante recibos.
Con la salida de Aréchiga y la llegada de Manuel Castañeda Rodríguez a Gobernación municipal, de nueva cuenta surgen plazos, estrategias, proyecciones e incluso horarios, para controlar al comercio en las calles; ya veremos en qué terminan.
Hasta el próximo miércoles.
Twitter: @elsalvadorrios