Cuando una testigo se negó a firmar una declaración falsa de que los 22 presuntos miembros de un grupo del narcotráfico habían muerto en un enfrentamiento con el ejército mexicano, funcionarios estatales comenzaron a patearle las costillas, ella dice. Le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon tan fuerte que seis meses después aún tiene problemas para ver y oír.

“Conforme me iban pegando…. decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran”, dijo la mujer a The Associated Press, una de las tres sobrevivientes de las ejecuciones extrajudiciales adelantadas por militares mexicanos el 30 de junio en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.

En su primera entrevista desde que estuvo cinco meses en prisión acusada falsamente de posesión ilegal de armas, la testigo dijo que el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso sino que incluye a más militares, funcionarios estatales y federales que la presionaron para que avalara una versión según la cual las muertes fueron resultado de un enfrentamiento y no de lo que fue: una ejecución extrajudicial.

Documentos judiciales del caso obtenidos por The Associated Press la semana pasada apoyan la afirmación de la testigo de que las autoridades de investigación estatal supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen, pese a declaraciones oficiales y públicas en sentido contrario adelantadas durante varias semanas. Y, según la documentación, el coronel a cargo del batallón de los soldados llegó al lugar antes que los investigadores de la Procuraduría estatal.

La testigo, una trabajadora sexual de 20 años que habló bajo condición de anonimato, dijo que dos días después de que fuera golpeada en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, fue llevada a la capital del país, donde investigadores federales del área contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República la presionaron para que firmara la declaración falsa.

“No, le digo, yo no voy a firmar nada… y me empieza a gritar”, dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó. Sin un abogado presente, dijo que al fin cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes, antes de que los medios cuestionaran la versión oficial de que las muertes fueron producto de un enfrentamiento.

Ella y otra testigo permanecieron encerradas en una prisión de máxima seguridad hasta mediados de diciembre.

La matanza que cometieron los militares es uno de los dos casos que ha sumido a México, en los últimos meses, a una crisis en materia de derechos humanos. Después de las ejecuciones extrajudiciales en el Estado de México, 43 estudiantes de magisterio desaparecieron a manos de policías municipales en el estado vecino de Guerrero.

Los crímenes ocurrieron con una diferencia de tres meses, lo que desató protestas nacionales e internacionales y críticas al presidente Enrique Peña Nieto, quien había prometido más transparencia y respeto a los derechos humanos desde que inició su gobierno.

Las muertes en Tlatlaya salieron a la luz el 30 de junio cuando el ejército informó en un breve comunicado que soldados que patrullaban la zona fueron atacados por supuestos criminales y tras repeler la agresión mataron a 22 presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes. Del lado de los militares, sin embargo, sólo hubo un herido, lo cual generó las primeras dudas.

La AP visitó la escena de los hechos días después y encontró pocos elementos de juicio que señalaran que hubo un fuego cruzado. Al contrario, en al menos dos paredes de la bodega había una serie de impactos de bala con manchas de sangre a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería que al menos algunos de los muertos recibieron tiros a corta distancia.

En septiembre, la AP entrevistó a una sobreviviente, cuya hija de 15 años estaba entre los 22 muertos y que fue la primera testigo en declarar públicamente que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas después de haber salido de la bodega con las manos en la nuca en señal de rendición ante los militares. Al igual que la testigo liberada de prisión en diciembre, la mamá de la adolescente también pidió no ser identificada por su nombre.

Ambas mujeres temen que las autoridades o los narcotraficantes tomen represalias en su contra por lo que han revelado.

http://www.animalpolitico.com/2014/12/una-testigo-confirma-que-hubo-encubrimiento-en-caso-tlatlaya/