Contra todos los escenarios proyectados por los estrategas morenovallistas, la crisis originada por la violenta represión a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan tiene al gobierno estatal acorralado y con reducidos márgenes de maniobra para justificar su inocencia.

Ayer volvió a vivir un jueves negro por tres eventos que reavivaron el caso Chalchihuapan.

1. La multitudinaria marcha convocada por los presidentes de juntas auxiliares para exigir la restitución de los juzgados del Registro Civil a sus comunidades, el esclarecimiento del asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo, la derogación de la “ley Bala” y la creación de una Ley de Participación Ciudadana. La marcha inició desde la caseta de la vía Atlixcáyotl hasta el Congreso local. A diferencia del domingo pasado, el gobierno estatal se mostró dócil y se olvidó de minimizar la protesta.

2. La declaración del ombudsman Raúl Plascencia sobre la inexistencia en los pobladores lesionados el pasado 9 de julio, de signos consistentes con heridas provocadas por un cohetón y que tampoco hay evidencias de que este tipo de explosivo haya provocado la muerte del niño José Luis Tehuatlie.

3. La condena unánime a la represión y a la “ley Bala” por parte de activistas nacionales e internacionales que participaron en el foro “Pensar, Decir y Manifestarse: Los Derechos Humanos y la Vigilancia de las Comunicaciones”, convocado por la Universidad Iberoamericana.

Ante la indignación social y el fracaso de las estrategias para criminalizar a los habitantes de Chalchihuapan y exonerar a los cuerpos de seguridad pública, el gobierno morenovallista ya sólo tiene un cartucho para recobrar una poco de la credibilidad perdida.

Sin embargo, tendrá que asumir el costo político por haber mentido y construido una historia falsa que nadie creyó. Las “piedras de grueso calibre”, las ondas expansivas, los grupos de infiltrados y el encarcelamiento de cuatro manifestantes quedarán como una mancha en la imagen del morenovallismo.

Es tiempo de que el gobierno estatal deje de proteger y entregue la cabeza de los responsables del torpe operativo policíaco que desalojo a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Veremos si la máxima morenovallista de que “nadie por encima de la ley” es una práctica de gobierno o simplemente fue un eslogan de campaña para llegar al poder.

También veremos de qué están hechos los diputados. Ya que la Secretaría General de Gobierno les pasó la pelota caliente y la marcha de ayer fue clara y directa contra los legisladores. “Exigimos al Congreso del estado la derogación inmediata de reformas a la ley orgánica municipal y al código civil que despoja a las juntas auxiliares del registro civil”, se leía en la manta que iba a la vanguardia en la manifestación.