El gobierno estatal no aprende. Sigue empeñado en imponer su ley cueste lo cueste. Aún a costa de la violación de los elementales derechos humanos de los ciudadanos.

Ayer, una vez más, el gobierno morenovallista dio largas para resolver el problema que provocó la centralización del Registro Civil.

Luego de una reunión de más de tres horas, entre los presidentes auxiliares y Secretaría General de Gobierno, no hubo más acuerdos que buscar una audiencia a la Comisión de Asuntos Municipales del Poder Legislativo, para abordar el tema del Registro Civil.

De esta forma, el gobierno estatal se lavó las manos y le tiró la bolita a la Cámara de Diputados, pero de antemano sabemos que los diputados locales tampoco deciden nada y no mueven nada si no es por mandato del Poder Ejecutivo.

Así que la decisión salomónica de mandar el conflicto al Poder Legislativo no representa más que un truco para tomar el toro por los cuernos y resolver, de una vez por todas, el problema que hasta el momento ya lleva dos desalojos violentos. El primero, realizado contra los habitantes de la región de Tehuacán y, el segundo, el de Chalchihuapan, con el saldo por todos conocidos.

Si bien es cierto que la administración del Registro Civil permitía a algunos presidentes auxiliares realizar todo tipo anomalías y cobros a su libre albedrío, también es cierto que ese servicio era un gran alivio para la población de esas demarcaciones que viven en lugares de difícil acceso.

Si lo que se buscaba era transparentar el manejo del Registro Civil, ¿por qué no se legisló en eses sentido?

¿Por qué no se pusieron los candados correspondientes para evitar que los presidentes auxiliares se sirvieran con la cuchara grande?

Sin duda que la administración del Registro Civil va más allá de los malos manejos de los ediles auxiliares.

La centralización del Registro Civil representa para el gobierno estatal mayores ingresos y que no necesariamente son devueltos a las comunidades en servicios básicos.

Tras el fracaso de las negociaciones, los presidentes auxiliares volverán a salir a la calle, volverán a cerrar carreteras para exigir el retorno de ese servicio a sus comunidades.

Una vez más, el gobierno estatal juega con fuego.

La brutal represión de Tehuacán fue la primera advertencia de lo que podía suceder. El gobierno hizo caso omiso de ello y apareció el bloqueo de la autopista a Atlixco, y en lugar de dialogar y disuadir, arremetió contra los manifestantes. El saldo fatal es por todos conocidos.

Ojalá que en la manifestación del jueves no se utilice la fuerza pública para acallar la protesta y, de una vez por todas, se tomen cartas en el asunto y se resuelva la centralización del Registro Civil.

¿El morenovallismo tendrá la voluntad política para resolver el conflicto sin perjudicar los derechos de las comunidades?