Con la liberación de los cuatro detenidos en la brutal represión policiaca de San Bernandino Chalchihupan se crea un precedente jurídico y, sobre todo a partir de ahora, se dudará de la justicia poblana, que fabrica delitos para encarcelar a ciudadanos que expresan su inconformidad contra los actos de gobierno.

Cuántos de los 70 detenidos —mediante abuso de autoridad de la Policía Estatal durante represiones a manifestaciones— purgan una condena porque les fueron fabricados delitos debido a que la presión social no fue suficiente para desvanecer las historias creadas ex profeso por el gobierno estatal.

La liberación de Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo es una muestra de que la indignación social puede desvanecer la fabricación de delitos y, sobre todo, de una defensa férrea de los derechos humanos de los inculpados.

Y tal como lo afirma el abogado defensor, Raúl Rodríguez de la Fuete, “la liberación de los detenidos no fue una concesión del gobierno.

“El Ministerio Público o la Procuraduría no está obsequiando ni regalando nada. Esto fue gracias a la defensa. La defensa desde un principio advirtió que no había pruebas de los delitos que se les imputaban.

“Qué bueno que hoy revisan. Y tuvieron que reconocer y rectificar. Porque no tenían manera de demostrar los delitos que le estaban imputando.

”Se hace la acusación, hacen las investigaciones, y entonces se dan cuenta que no fue posible que cometieran tales actos y entonces todo se desvanece. Si son detenidos antes de que pasaran los hechos, violentos pues no era posible que los hubieran cometido. Esa es la revisión que hace el Ministerio Público. Es cierto que es una institución de buena fe, pero no solamente debe buscar pruebas que inculpen, sino que exculpen y llegar a la verdad real, no la formal. Han llegado a la conclusión promovieron lo que tenían que promover conforme a derecho, pero no es porque sean buenas gentes. Simplemente porque hay un trabajo jurídico. Hay un amparo. Un delito menor, ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte, que es lo mismo”.

En este contexto legal, las cuatro personas liberadas salieron debido a que la administración estatal no pudo probar los delitos graves imputados en contra de las personas aprehendidas el pasado 9 de julio durante el operativo policiaco, que es investigado actualmente por la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos.

Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan fueron acusados por motín, delitos contra la autoridad en su modalidad de desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.

Pero las autoridades sólo pudieron demostrar los delitos relativos a daños en vías de comunicación, los cuales no son graves.

Así que no les quedó otra que liberarlos, que esos delitos fueron fabricados en su contra.

¿Cuántos presos detenidos en manifestaciones purgan condenas inventadas y acusados por delitos que no cometieron?