Después de 30 días de criminalizar la protesta de los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihupan, el morenovallismo se volvió misericordioso y perdonó a los cuatro detenidos en la manifestación de aquel 9 de julio.

El viernes pasado, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), para buscar la exoneración del gobierno estatal en la muerte del niño de 13 años de edad, tomó la decisión de promover ante el juez penal un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, lo que implicó disminuir los delitos que se les imputaron a los detenidos.

Según un comunicado, la decisión fue el resultado del análisis de los elementos que han sido aportados y la realización de 98 dictámenes, sin embargo, las cuatro personas siguen implicadas en el delito de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por lo que habrá de definirse el seguimiento de su caso.

Sin duda, el desmoronamiento de la mentira morenovallista obligó al gobierno estatal a la perdonar por decreto a los cuatro encarcelados que, en algunos casos, no tenían vela en el entierro. Pero, en el afán de buscar culpables, la policía estatal detuvo a quien se encontró a su paso.

Y lo grave del caso es que se les juzgó como a unos auténticos criminales. Se les inventaron los delitos de motín, desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.

Así de severa la sanción.

Obvio que la intención del morenovallismo era poner una pena ejemplar y generar miedo a todo aquel manifestante que se le ocurriera protestar en contra de las políticas públicas del actual gobierno.

Desafortunadamente para el morenovallismo, el teatro se les cayó y tuvieron que hacer un acto de contrición forzado para perdonar a Félix Xelhua, Antonio Contreras, Santiago Pérez y Sergio Jiménez Tecalero.

Sin embargo, la impartición de justicia fue pronta a la hora del encarcelamiento de los manifestantes. Y muy lenta a la hora de liberarlos. Después del anuncio de la PGJ, han pasado seis días y los detenidos sin justificación alguna siguen en la cárcel.

Hoy, si el juez de lo penal Alejandro León Flores no decide lo contrario, determinará la fianza para los cuatro detenidos por los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte y con ello saldrían del penal de San Pedro Cholula bajo caución.

Empero, no se podrá borrar la violación de los derechos humanos de los cuatro detenidos. Y por lo menos en el caso de dos, son inocentes, tal como lo relatan ellos mismos.

Un ejemplo: Santiago Pérez Tamayo ni siquiera es vecino de Chalchihuapan, ha vivido por más de medio siglo en Veracruz y sólo llegó a visitar a su hija, como lo hacía cada 15 días. Esta persona de la tercera edad denunció que fue acosado en las instalaciones de la PGJ para que cambiara la versión de los hechos y culpara a los vecinos de Chalchihuapan de ser culpables de las agresiones.

Así gobierna el morenovallismo en Puebla.