En el Hospital General del Sur se debate entre vida y la muerte un niño de 13 años de edad, víctima del violento desalojo morenovallista en Chalchihuapan.

La madre del niño —Elia Tamayo— es objeto del más brutal hostigamiento por parte del aparato gubernamental para incriminar a los pobladores de las juntas auxiliares y deslindar a la Policía Estatal de la agresión de su hijo.

Cuatro pobladores de Chalchihuapan —Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo, Antonio Víctor Montes Contreras—, que exigían la restitución del servicio del Registro Civil en las comunidades en las que viven, fueron severamente juzgados y acusados de motín, ataques a las vías de comunicación, inseguridad de los medios de transporte, contra las autoridades en su modalidad de desobediencia, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas y tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.

Ante el fracaso de los negociadores de la Secretaría General de Gobierno, un grupo de “granaderos” lanzó gases lacrimógenos en contra de habitantes de las comunidades de Santa Clara Ocoyucan, Atzompa, Santa Isabel Cholula y San Bernardino Chalchihuapan que bloquearon la Vía Atlixcáyotl para exigir el servicio del Registro Civil.

La falta de destreza para replegar y liberar la autopista por parte de la Policía Estatal desencadenó una batalla campal.

Sin embargo, para los distintos sectores que conforman la sociedad poblana estos hechos y abusos del poder no representan nada.

Los partidos políticos —salvo la diputada del PRD Roxana Luna y el recién autorizado partido político nacional Morena, de López Obrador— han mostrado un sepulcral silencio.

Los organismos empresariales, universidades y organizaciones civiles han callado y, por temor al morenovallismo, permanecen en la indiferencia y sus pronunciamientos brillan por su ausencia.

A pesar de vivir en una democracia, el miedo al morenovallismo orilla a los poblanos a vivir en un sistema totalitario, donde el poder siempre se impone a los ciudadanos.

Una sociedad democráticamente organizada no teme a las voces discrepantes, ya que es consciente de que la libertad de expresión es un pilar básico de su estructura.

Desgraciadamente, eso en Puebla no sucede.

Las verdaderas democracias estimulan y articulan mecanismos para que la participación ciudadana sea real y no se limite al ejercicio periódico del voto.

Desafortunadamente, está a años-luz de este valor.

Y mientras la sociedad guarda silencio ante los excesos del poder morenovallista, hay víctimas inocentes, como el niño José Luis Tehuantle, que se debaten entre la vida y la muerta.

¿Hasta cuándo la sociedad poblana tomará el papel que le corresponde en este sistema democrático para dejar de ser un simplemente proveedor de votos?