En el ansia por acaparar los reflectores mediáticos llevan una y otra al gobierno morenovallista a graves tropiezos.

En algunos casos, ante la imposibilidad de acallar la inconformidad, tiene que revertir las decisiones tomadas.

En lo que va del actual sexenio hemos sido testigos de múltiples casos en que el grupo en el poder tiene que retractarse.

El último caso del acelerón mediático que termina en un enfrenón es el SOAPAP.

Con bombos y platillos se presumió la privatización del servicio de agua como una alternativa para revertir los números rojos que tiene la dependencia estatal. La prisa primero llevó a los legisladores a cometer errores tanto en el manejo de las tarifas como en los topes tarifarios.

Y tras la concesión a una empresa privada, el descontento social. La Profeco tuvo que intervenir y el gobierno del estado decidió suspender el cobro del servicio del agua hasta no hacer cobros más reales.

Incluso, el gobernador Rafael Moreno Valle rompió el silencio y habló sobre la facturación hecha por Concesiones Integrales, que derivó en el enfado de cientos de poblanos por los costos elevados en las tarifas del agua.

A decir del mandatario, el problema se originó por un “falla en el sistema, es decir, al meter los nuevos criterios a los sistemas que no son modernos, éstos no pudieron manejar la información y generaron errores en algunos casos.

”En este sentido, tomamos determinaciones para que se consideraran los pagos que se hicieron en el pasado como base en tanto se haga una renovación integral de los sistemas”. No obstante, reiteró: “Las tarifas aprobadas por el Congreso local deberán respetarse”.

Las justificaciones serán de distinta índole.

Lo cierto es que no hay ni análisis ni planeación de todos los escenarios posibles y, sobre todo, el gobierno estatal carece de tacto político para aplicar medidas que a todas luces no son populares.

La falta de una estrategia de comunicación provoca que el rumor y la desinformación entre los usuarios del servicio de agua potable sean más fuertes que la información oficial.

El caso del SOAPAP ha puesto a prueba al gobierno del estado y la única salida la dio el ejecutivo, sin sopesar los alcances del anuncio.

Y una vez más, los alcances de la medida están en duda. Ayer mismo, el Consejo de Colonos del Municipio de Puebla calificó como un “mejoralito” la medida del gobierno estatal de suspender pagos a servicio medido.

Incluso, el organismo civil con más de 20 años de existencia exigió la salida de Carlos Hank González del manejo del agua, luego de que se diera a conocer que está detrás de la empresa concesionaria.

Aún más, 500 socios de la Alianza Empresarial convocaron a una “huelga de pagos” por el servicio de agua potable hasta que Concesiones Integrales aclare las tarifas por el servicio.

Los parches en medio de la refriega no funcionan. El malestar continuará y la única forma que le queda al gobierno estatal es acallar la disidencia con represión.