El momento para realizar la renovación de dirigente en el Comité Directivo Estatal del PRI está cerca.

Ayer, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, Ivonne Ortega Pacheco le confió a un militante poblano que se ocupará del relevo de Pablo Fernández del Campo una vez que transcurran las elecciones extraordinarias de Acajete y Cuapiaxtla de Madero.

Si los comicios se desarrollarán el domingo, entonces será a partir del próximo lunes cuando la secretaria general del CEN comience a acelerar los acontecimientos para tomar la decisión que a estas alturas ya debe estar muy avanzada.

Ortega, que hoy estará en Acajete a las 16 horas para el cierre de campaña de su candidato a presidente municipal, Víctor Hugo Domínguez Amado, no reveló nombres.

No le mencionó a su interlocutor poblano ni quiénes son los que están en mejores posibilidades ni quiénes los que de plano no tienen ninguna.

Eso permite sospechar que, pese a la autopromoción de algunos de los aspirantes, todavía no hay elegido... ni elegida.

El acto de cierre de campaña en Acajete podría ser una buena oportunidad para preguntarle a la secretaria general cómo va el proceso.

Al margen de Ivonne Ortega, desde una oficina de influencia nacional dentro del priismo que no tiene que ver con el CEN se comenta que quienes ya deben darse como descartados para ocupar el cargo de dirigencia partidista que hoy le pertenece a Fernández del Campo son el delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, y el diputado federal José Luis Márquez Martínez.

Ni uno ni otro pudieron superar el veto que les impusieron sus rivales del mismo partido.

De Jiménez Merino fueron "resaltadas" sus presuntas relaciones de complicidad con el ex gobernador Mario Marín Torres.

Gracias a la "buena memoria" y a los comentarios de personajes como los legisladores Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Silvia Tanús Osorio y Rocío García Olmedo, allá en la Ciudad de México concluyeron que no sería correcto inclinarse en favor del delegado federal.

De Márquez Martínez también fueron evidenciados sus fuertes nexos políticos con un gobernador, pero el actual, el panista Rafael Moreno Valle.

En este caso el "generoso" comentador fue ni más ni menos que Juan Carlos Lastiri Quirós, con quien José Luis Márquez protagoniza una añeja y aparentemente insuperable disputa personal.

Como verá usted, eso de tirarle zancadillas al compañero, práctica cotidiana en el priismo, terminó por eliminarlos de la contienda incluso antes de ingresar a la recta final.

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Parece que uno o varios funcionarios municipales de Tecali de Herrera pretenden hacer de la construcción de viviendas para familias de escasos recursos un negocio personal.

Como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) emprendió un programa de edificación de viviendas que se nutre de las aportaciones económicas que realizan el gobierno y los propios beneficiarios.

El acuerdo define que sea la administración federal, a través de la SEDATU, la que ponga 70 por ciento del costo de cada casa, los ayuntamientos 25 por ciento y el futuro propietario sólo 5 por ciento.

Cada familia termina aportando 4 mil pesos para acceder al beneficio.

Así debería ocurrir.

Así es como está establecido en las reglas de operación del programa.

Sin embargo, en Tecali sucede algo curioso.

Resulta que a los beneficiarios se les piden 10 mil pesos como aportación, en lugar de los obligatorios cuatro mil.

¿Quién se queda con los sobrantes seis mil pesos?

Esa es una cuestión que deberá investigar a la brevedad el presidente municipal Onésimo Téllez de los Santos.

Antes de que el delegado de la SEDATU, Lorenzo Rivera Sosa, se entere y mande el reporte a las oficinas centrales de la dependencia en la capital del país.

Es una mera sugerencia.

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