Recordemos. La llamada Red Urbana de Transporte Articulado fue presentada como uno de los grandes proyectos del actual gobierno, sin embargo, se convirtió en un fracaso sexenal.

El proyecto original se quedó en el tintero y dista mucho del que hoy está en función en Puebla.

Muchos son los motivos; conforme entró en función se fue cercenando hasta convertirse en una ruta más de las miles de unidades que circulan en Puebla. Ante el rotundo fracaso de las alimentadoras, las autoridades siguen empeñadas con la nueva ruta.

En estos días hemos sido testigos de cómo los concesionarios y los choferes denunciaron las carencias y la quiebra del proyecto; incluso, denunciaron que operan bajo el esquema de pago fijo, es decir, de cuota por turno, lo cual es exactamente cómo funcionan las rutas del transporte público tradicional y de lo que tanto se quejaron las autoridades.

El objetivo inicial era romper con los viejos vicios del transporte público, como son las carreritas, permanecer sentados en las esquinas y obstruir el tránsito, pero eso quedó en el discurso. La mejor prueba está en el día a día y los automovilistas y usuarios de las alimentadoras lo pueden corroborar.

Además, exhibieron que no existe un control administrativo y esto quedó evidenciado con la deuda millonaria que tiene la empresa Sistema Articulados de Puebla con los concesionarios.

Sin embargo, la culpa no es de los concesionarios, mucho menos de los choferes, quienes confiaron su trabajo al gobierno; el fracaso del proyecto es exclusivamente de las autoridades estatales y de la empresa responsable de la administración y operación de la ruta.

Al desnudo quedaron las pillerías y la red de corrupción de quienes encabezan el proyecto. No obstante, dejó entrever que la mafia del transporte en Puebla lejos de agonizar goza de cabal salud. De nada sirvió la destitución del subsecretario del Transporte, Carlos Zurita, mejor conocido como el Zar del Transporte, ya que su trono fue ocupado de forma casi inmediata y ahora hay más de un zar.

Ante el rotundo fracaso, el gobierno morenovallista hace caso omiso a las quejas y sigue empeñado en poner en marcha la ruta de la 11 Norte-Sur, en lugar de arreglar un conflicto cada vez más grande, en donde los usuarios son los más perjudicados por el pésimo servicio.

Con esta desagradable experiencia me vienen a la mente varias preguntas: ¿Qué concesionarios entregarán sus unidades a la línea dos de la ruta? ¿Confiarán los transportistas su negocio a una empresa quebrada? ¿Por qué la Contraloría no investiga a la nueva mafia del transporte? ¿La mafia del transporte es intocable?