Gran papel el que acaban de hacer los legisladores poblanos.

Claro, con excepción de cinco que votaron en contra: Julián Peña Hidalgo, Ignacio Alvízar Linares, ambos de Movimiento Ciudadano; los integrantes de la fracción del PT, Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García y una integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes.

El resto hizo un papelazo aprobando un asunto en el pleno del Congreso del Estado que fue distinto a lo que ese mismo día, supuestamente ese mismo día, se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

El lunes, 32 diputados aprobaron en sesión extraordinaria la ley que regulaba el uso de la fuerza legítima en manifestaciones sociales, en las que se permitía el uso de armas letales.

Entre los votantes en favor de esa ley estuvieron incluidos los priistas, quienes gustosos dieron el sí a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

La fracción parlamentaria del tricolor defendió en tribuna la iniciativa que fue presentada, discutida y aprobada en menos de una semana, e incluso Víctor Giorgana Jiménez, líder de estos diputados, señaló en entrevista que no implica una "licencia para matar".

Así lo narró el reportero Efraín Núñez en la crónica del martes.

El dictamen permitía en el artículo 9 lo siguiente:

"La utilización de armas de fuego o fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros".

Y así se aprobó.

Sin embargo, algo extraño ocurrió entre la sesión del lunes y la publicación de la ley en el Periódico Oficial del Estado.

Misteriosamente, la publicación no incluyó ese permiso, permiso que en las horas posteriores a su aprobación en el pleno generó una ola de críticas en contra del Poder Legislativo por su tono presuntamente represor.

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No todas las personas ven mal la propuesta del gobierno municipal para instalar parquímetros en algunas vialidades de la ciudad.

Para el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, la iniciativa es viable, pero expuso que los recursos deben ser invertidos para el bien público.

Comentó que programas enfocados a regular el entorno urbano son buenos si los recursos realmente sirven para mejorar el entorno de las personas.

La opinión es positiva y contrasta con las de algunos ciudadanos que reprobaron la propuesta, aunque hasta el momento es solo como una prueba piloto, por considerar que los parquímetros por sí solos no resuelven los problemas de movilidad y apartado de las calles y tampoco garantizan la seguridad de los automóviles

Habrá que ver pues en qué termina el asunto.

Lo que es un hecho es que la instalación de parquímetros conlleva, desde siempre, una polémica y genera el debate de los ciudadanos.