Una buena medida para terminar con el caos vial que aqueja a colonos de Huexotitla y la Gabriel Pastor puede ser la anunciada ayer por el alcalde José Antonio Gali Fayad.

El edil dio a conocer que en junio arrancará un programa piloto de parquímetros virtuales en el corredor gastronómico de la 43 Oriente-Poniente, y agregó que de resultar viable, podría tener un costo por hora de 10 pesos, una vez que se implemente de forma definitiva.

Expuso que el sistema sería similar al que opera en la actualidad en municipios como Zacatlán, por medio de un sistema de registro y control de estacionamiento mediante telefonía móvil, o a través de comercios autorizados.

Serían algo así como parquímetros digitales, sin aparatos muy vistosos que dañen la imagen histórica de la ciudad.

La propuesta tiene una carga positiva interesante.

Solo habrá que ver qué es lo que opinan los ciudadanos.

Si estarán de acuerdo o no en pagar los 10 pesos por hora que tentativamente se cobraría.

Y si no es que, con todo y los parquímetros, no siguen apareciendo los famosos "viene, viene", que con el pretexto de cuidar los vehículos, acaban llevándose una "recompensa" económica.

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Después de semanas de declaraciones confusas y hechos aparentemente irregulares en torno a la operación de la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la Secretaría de Transportes, a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc, ha anunciado el arranque de una investigación para saber qué es lo que ocurre.

Según la dependencia, que fijó su postura a través de un comunicado de prensa, esta indagatoria consistirá en auditar a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), que reúne a los concesionarios, así como a la empresa ATT Maximus, que es la que cobra por el servicio y paga a los operadores del mismo.

El fin, según la dependencia, será garantizar el buen servicio y la legalidad del sistema de transporte.

Pues que así sea.

El RUTA o metrobús ha estado en la polémica debido a un supuesto mal manejo de los recursos económicos por parte de la empresa que tiene que hacerlo, lo que ha derivado en la falta de pago para los operadores y protestas que ocasionaron la falta de servicio por algunas horas.

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Algo sigue sin marchar bien en el tema del ambulantaje.

Como describe la crónica de la reportera Carolina Vega que se publica en la edición de este día de EL SOL DE PUEBLA, las calles aledañas al zócalo siguen invadidas por vendedores informales.

"Lentes, relojes, bolsos, papas, tacos o aguas de sabores son algunos de los productos que, mercadeados a bajo precio, compiten con los ofrecidos por los comercios formales del Centro Histórico poblano", expone la reportera.

Y eso es justo lo que no concuerda con los deseos, los planes y los compromisos de la administración municipal.

A finales de febrero, cuando todavía no transcurrían ni dos semanas del comienzo del nuevo gobierno, el secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga Santamaría, afirmó que adoptaría una estrategia para impedir la presencia de comerciantes informales en el primer cuadro de la ciudad, y que para ello dispondría del diálogo con los comerciantes y de la implementación de operativos.

Pues ya pasaron tres meses del arranque de la administración municipal y eso no ha ocurrido.

Habrá que preguntar por qué.