Puede ser por iniciativa propia o por encargo de algún intermediario de Los Fuertes, usted saque sus conclusiones, pero el caso es que ciertos priistas de considerable nivel han ido con los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor para sugerir que le bajen de intensidad a la embestida política que parece traer el partido en contra de la administración estatal.

No es que quieran proteger al morenovallismo, advierten como para despejar cuestionamientos acerca de sus lealtades, y luego comentan que una estrategia de confrontación podría acarrear más resultados negativos que positivos para el PRI en las próximas elecciones federales, ésas en las que, se presume, el presidente Enrique Peña Nieto descargará toda la batería partidista para hacerse de la mayoría en la cámara de diputados.

El principal argumento de estos tricolores tiene que ver con los supuestos planes del gobernador Rafael Moreno Valle y del PAN para esos comicios.

Conforme a su dicho, el "primer panista" del estado ha confesado en corto su disposición de ir a unas elecciones negociadas siempre y cuando en el bando contrario, el del PRI, también lo quieran.

Y si no quieren, agregaría en esas mismas conversaciones, pues no; se haría de las herramientas que ha usado en el pasado reciente y se lanzaría a la aventura electoral dispuesto a ganarlo todo... otra vez.

Esta es la parte que alerta a los priistas que prefieren guardar las municiones y ondear la bandera blanca, al menos por el momento.

Creen que una guerra electoral directa y abierta, sin acuerdos ni compromisos mutuos de por medio, será especialmente trágica para su partido, como lo fueron los comicios locales de 2010 y 2013.

La experiencia electoral, le dicen a los cercanos del presidente César Camacho Quiroz, es basta y contundente a favor de Moreno Valle.

De ahí que quieran bajarse del carrusel de las trompadas para ir a un escenario más confortable: el de la negociación.

Consideran que la victoria en ocho o nueve distritos de 16, con candidatos probados en lealtad al priismo, podrían darse por bien servidos y muy pero muy satisfechos.

Habrá que ver si la propuesta prospera en los meses por venir.

Y sobre todo, qué es lo que opinan en Los Pinos y en Casa Puebla.

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Cuando en diciembre fue aprobada la nueva Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Puebla se concluyó que ésta llevaba dedicatoria para el líder sindical Israel Pacheco Velázquez.

Debido a que la nueva legislación estableció la posibilidad de crear uno o varios nuevos sindicatos y que fueran los trabajadores quienes definieran su relación laboral con la autoridad del municipio, se dijo que los días estaban contados para el secretario general de la única representación gremial que existía hasta entonces.

Según la conclusión generalizada, esa reforma legal era el aviso de que la influencia de Pacheco Velázquez, acrecentada por las concesiones dogeristas, emprendería el declive hasta desvanecerse en un futuro no muy lejano.

Los pronósticos se hicieron realidad.

El pasado 13 de febrero, en completo sigilo, un trabajador de nombre Orlando López Reyes recibió la toma de nota para el sindicato Ignacio Zaragoza, una nueva organización gremial que, según sus documentos de prueba, aglutina a 400 empleados del Organismo Operador del Servicio de Limpia, de un total de 700.

Si Pacheco tenía alguna duda, ahora debe saber que los saldos de la campaña serán cobrados.

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Las instancias pertinentes del gobierno estatal, tales como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, detectaron a un par de empresas de seguridad privada que investigaban de manera ilegal a algunos de los personajes que integran el círculo político del morenovallismo.

Se sabe que estas firmas fueron contratadas para indagar en las vidas personales de estos personajes, y que lo han venido haciendo al margen de la ley, con el despliegue de acciones de inteligencia y espionaje cobijadas bajo el perfil de actividades de seguridad.

Cuentan los enterados que la sesuda investigación comenzó en la primera quincena de febrero, apenas hace un mes y medio, y que los propietarios de ambas empresas tienen ligas comprobables con ex funcionarios públicos del ayuntamiento de Puebla.

Unos de esos funcionarios habrían trabajado en el trienio de Blanca Alcalá Ruiz y otros en el de Eduardo Rivera Pérez.

Todos, por cierto, en Seguridad Pública.

Lo irónico es que estas empresas pasaron de investigadoras a investigadas en tan poco tiempo.

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