El gobierno panista de Miguel Márquez contrató dos servicios que involucraron multimillonarios recursos: el proyecto de seguridad denominado Escudo y la compra y abastecimiento de medicamentos y material de curación del Seguro Popular, en dos asignaciones directas en las que estuvo ausente la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, reveló anoche la titular del organismo, Isabel Tinoco Torres.

“No había impedimento legal para que la Secretaría de la Transparencia pudiera participar. Lo que comento es que no fue convocada a la adjudicación directa” en ambos casos, reconoció Tinoco.

La dependencia realiza ahora un procedimiento para revisar el cumplimiento de las empresas abastecedoras del Seguro Popular, acción que terminará hasta mediados del año –cuando concluye el contrato–, y existe la posibilidad de rescindir la prestación del servicio, pues se han detectado anomalías como desabasto, admitió la funcionaria.

Isabel Tinoco fue la última integrante del gabinete del gobernador Miguel Márquez llamada a comparecer con motivo de la glosa del segundo informe, así como para responder a las preguntas de los diputados, principalmente los de oposición de las bancadas de PRI y PVEM.

La titular de esta secretaría –antes denominada de Gestión Pública– fue inquirida con insistencia por los diputados opositores sobre las dos mega-asignaciones efectuadas por el Ejecutivo: uno es el proyecto Escudo para la innovación tecnológica en materia de seguridad, que involucra recursos por 2 mil 700 millones de pesos y fue otorgado de forma directa a la empresa Seguritech en diciembre de 2012, sin que se dieran detalles sobre los criterios y parámetros bajo el argumento de que se trató de un tema de seguridad.

En tanto que el suministro y distribución de medicamentos para los derechohabientes del Seguro Popular representa un contrato total multianual por 4 mil millones de pesos, pero en el primer año (mayo de 2013 a mayo de 2014) se efectuó una adjudicación directa por 300 millones en favor de dos empresas, Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, que participaron junto con otras dos empresas en dos licitaciones previas, las cuales se declararon sin ganador porque ninguna de éstas cumplió con todos los requerimientos del concurso.

Los señalamientos del diputado del Partido Verde Ecologista, Sergio Contreras, fueron dirigidos precisamente a cuestionar la asignación a estas dos empresas, a pesar de que habían incumplido con todo lo requerido en las dos licitaciones previas en las que participaron, y particularmente en el caso de Intercontinental de Medicamentos, pues esta empresa fue sancionada por la Secretaría de la Gestión Pública debido a irregularidades en el abasto de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2006.