El próximo jueves 19 de diciembre serán despedidos 151 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública.

El pretexto no es otro que, al haber sido contratados con nombramiento de confianza, se encuadran en la hipótesis prevista por el artículo 82 fracción II de la Ley de Responsabilidades.

De acuerdo con fuentes consultadas por Intolerancia Diario, en los tres primeros años del gobierno morenovallista ninguno de los más de 10 mil elementos de seguridad pública ha presentado su declaración patrimonial.

Sin embargo, ahora el gobierno estatal utiliza los recovecos de la ley para despedir a servidores públicos.

De acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Responsabilidades, los funcionarios que no presenten su declaración pueden ser multados económicamente, como medida de apremio.

El artículo, a letra, dice: “Si transcurridos los términos a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 83 de esta ley, sin que los Servidores Públicos hubiesen presentado la Declaración Patrimonial correspondiente, la autoridad competente para aplicar la presente Ley podrá optar entre imponer multa económica, como medida de apremio, que no excederá de cien veces el salario mínimo diario vigente en el Estado o destituirlo del empleo, cargo o comisión que desempeña, substanciando el procedimiento administrativo; en el primer caso los Servidores que persistan en su omisión transcurridos cinco días hábiles posteriores a la fecha en que hayan sido notificados, serán destituidos y, en su caso, inhabilitados”.

La ley es clara. En caso de incumplimiento, los 151 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que ser multados y si aun así se negaran a presentar su declaración patrimonial tendrían que ser despedidos, incluso inhabilitados.

Pero no sucedió así.

Con el simple hecho de no presentar la declaración patrimonial serán despedidos en forma fulminante.

Si el gobierno aplicará la ley a rajatabla, entonces debería despedir a los más de 10 mil elementos de seguridad pública, porque ninguno de ellos presentó su declaración patrimonial y, aún más, en los tres primeros años del gobierno estatal tampoco lo hicieron.

En fin, éste es el estilo del gobierno morenovallista.

La decisión está tomada, este 19 de diciembre serán citados los 151 elementos para que firmen sus respetivas renuncias. Para tener los expedientes listos, la Contraloría contrató a 30 analistas que les pagará mil pesos por cada expediente contratado.

Incluso, el pasado 3 de diciembre, cuando el gobierno estatal entregó estímulos a los policías estatales, los 151 elementos que serán despedidos fueron separados de la ceremonia para informarles de su caso.