Si pensaba usted que el recelo y la desconfianza con que miran a los priistas poblanos desde la capital del país eran sentimientos exclusivos del Comité Ejecutivo Nacional tricolor, se equivocó.

A la par de lo que se ha venido exponiendo en torno a los presuntos traidores del PRI, antes y después de las elecciones locales del 7 de julio, en el gobierno federal se alberga la hipótesis de que, aun entre los delegados, hay personajes que responden a las órdenes y los intereses de Casa Puebla.

La etiqueta de "infidelidad política" dejó de ser un mal exclusivo de aquellos operadores a los que de manera infructuosa se les encomendaron tareas y exigieron resultados electorales.

De ser así, y al reportero le aseguran que así es, los "Doger", los "Zavala", los "Morales" y otros tantos, ya no están solos de espalda al paredón.

El señalamiento acusatorio se ha dirigido también en contra de los delegados.

De algunos, no de todos, ni de la mayoría.

Lo menos que se dice de estos representantes del gobierno federal en Puebla es que gustan de hacerla de informantes del Ejecutivo local, y que aprovechan cualquier oportunidad para mantenerlo al tanto de lo que sucede entre sus propios compañeros, los tricolores.

El generador de la desconfianza tiene nombre y apellidos.

Se trata de Juan Molina Arévalo, delegado de la Secretaría de Gobernación, quien ha transmitido a sus jefes en la capital del país lo que, cree, ocurre en la tierra de la talavera y los camotes.

Molina Arévalo, que como usted recordará, vino a sustituir a Manuel Castañeda Rodríguez en pleno proceso electoral, afirma que hay fuga de información, y se la ha atribuido a sus pares.

De manera sustentada o no, eso es lo que piensa.

Por ello no debe sorprender que en las reuniones de trabajo a las que convoca, haya comenzado a pedir que los delegados se despojen de teléfonos celulares y equipos de radio comunicación antes de ingresar a las salas.

¿Qué le parece?

¿Tendrá motivos para actuar de esa manera?

¿Estará exagerando?

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El otrora operador político del ex gobernador Guillermo Jiménez Morales, Raúl Castillo Ramírez, ha incrementado su potencial de relaciones públicas con los jerarcas de las iglesias del estado.

La coyuntura política del año electoral hizo que Castillo Ramírez expandiera sus lazos de comunicación más allá de los grupos religiosos cristianos, donde tradicionalmente se ha desenvuelto como un personaje influyente y se ha conducido como una voz autorizada.

Pocos lo saben, pero además de desenvolverse entre la mayoría de las 162 congregaciones de asociaciones cristianas que coexisten en la entidad, de ser asesor de no pocos de los líderes evangélicos, ha fortalecido nexos con la iglesia católica a través del poblano Eugenio Lira Rugarcía, quien se desempeña como secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

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El rector Alfonso Esparza Ortiz, que ha metido a la BUAP en un proceso de replanteamientos internos, es ahora mismo blanco de una andanada mediática que se encuentra cerca de convertirse, peligrosamente, en intento de extorsión.

Está claro que para algunos ha resultado difícil comprender la etapa de cambios que se avecina en la universidad, pero no por eso dejarán de hacerse.

De cara a sus colaboradores de mayor confianza, en privado, Esparza Ortiz ha dicho que llevará a la institución por nuevos rumbos, le pese a quien le pese.

Y en ese "le pese a quien le pese" incluyó a los extorsionadores profesionales.

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Seguramente Alejandro Pagés Tuñón ya no recibirá ningún crédito, pero no está de más informar que una importante agencia internacional de calificación crediticia emitió el 10 de octubre una valoración positiva para el desempeño del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

La firma Fitch Ratings le asignó al Instituto la calificación AA-(mex), que evidencia una perspectiva crediticia estable, y que derivó del análisis de las cuentas heredadas por Pagés Tuñón antes de su polémica salida.

Al margen de los hechos de corrupción que ahí se persiguen, y que se encuentran debidamente fundamentados por la Secretaría de la Contraloría, lo que Ficth Ratings hizo fue emitir una opinión favorable en términos estrictamente financieros.

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