Pablo Fernández del Campo sabe que ninguno de los cinco legisladores locales que sobrepasaron las barreras del cinismo para renunciar a su fracción, pero no al partido político que los postuló, será expulsado del PRI ni ahora ni en el futuro.

Obligado por su condición de presidente estatal del tricolor, el dirigente declaró a los reporteros que después del rompimiento de los diputados con su bancada en el Congreso del Estado procedía la expulsión, y que por ello, desde el mismo lunes, había decidido notificarle al Comité Ejecutivo Nacional acerca de lo ocurrido.

Según Fernández del Campo, basándose en los estatutos del partido, los días de vida dentro del PRI de aquellos cinco rebeldes estaban contados a partir de ese momento.

Las palabras pronunciadas por el presidente priista fueron acompañadas con un tono de gravedad que le impuso un matiz de realismo a la amenaza.

Quien no conozca el proceder de los dirigentes nacionales del PRI en este tipo de casos podría pensar que, en efecto, el tiempo de vida partidista de los autodenominados "independientes" está por llegar a su fin.

Nada más falso.

A menos que Fernández del Campo influya en el ánimo de César Camacho Quiroz, su presidente nacional, para terminar con la indiferencia manifiesta frente a los traidores -los actuales y muchos otros en el pasado-, los representantes populares que el domingo abandonaron la bancada ampliarán su tiempo de existencia en el PRI hasta que así convenga a sus intereses.

De esa manera, Elvia Suárez Ramírez, diputada por Acatzingo; Zenorina González Ortega, por Xicotepec de Juárez; Ramón Felipe López Campos, por Izúcar de Matamoros, y los plurinominales Juan Manuel Jiménez García e Iván Conrado Camacho Moreno, seguirán de frente en sus proyectos personales con una mueca burlona en el rostro.

Usted se preguntará por qué.

Porque las amenazas de Pablo les harán "lo que el viento a Juárez".

Le tundieron al PRI, que no al líder de la bancada: Ernesto Leyva Córdova, ni al dirigente del partido, pero no serán expulsados.

Para saber que las cosas se quedarán como están basta repasar dos hechos del pasado ligados al presente.

Si se aplicara el artículo 63 de los estatutos tricolores, esos a los que se refirió Fernández del Campo, Jorge Morales Alducin no podría ser en este preciso momento un aspirante a la dirigencia estatal del PRI, como, ¡oh sorpresa!, sí lo es.

Según ese artículo, Morales Alducin dejó de ser militante del PRI al ser postulado como candidato del PRD a la presidencia municipal de Puebla en 2004.

Ahí se asienta, de manera clara y contundente, que pierde su militancia priista quien, entre otras cosas, acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en las coaliciones o alianzas previstas por el mismo documento.

El "primo incómodo" del ex gobernador Melquiades Morales Flores abanderó la causa perredista sin ir en coalición ni alianza con el PRI, que por su parte postuló a Enrique Doger Guerrero, a la sazón ganador de la contienda.

Lo sorprendente es que Morales Alducin no sólo es hoy candidato al cargo de dirigencia partidista que todavía ocupa Fernández del Campo, sino que en enero de 2011, sin un juicio de restitución de derechos de por medio, fue nombrado secretario de Enlace Social en el Comité Directivo Estatal del PRI que presidía Juan Carlos Lastiri Quirós.

Iván Conrado Camacho carga una historia similar.

En las pasadas elecciones locales compitió por la presidencia municipal de Cuyoaco, pero no por el PRI, instituto político al que desechó después de que no lo hizo su abanderado, sino por el partido Pacto Social de Integración.

Tras perder los comicios regresó a ocupar su lugar en el Congreso como parte de la bancada tricolor.

Si bien las diferencias del proceso electoral lo mantuvieron distante de sus compañeros después del 7 de julio, nunca fue expulsado ni desterrado de la fracción parlamentaria del PRI, hasta el domingo, que atendiendo de nueva cuenta a sus intereses personales, fue él quien renunció y les dijo adiós.

La dirigencia del priismo se queda inmóvil cuando sus militantes le dan la espalda.

Incapaz de reaccionar para aplicar sus propios estatutos, no hace más que emitir amenazas y advertencias sin credibilidad ni efecto.

Eso ha pasado esta vez con las palabras de Pablo Fernández del Campo.

Antes que la expulsión de esos cinco, es más viable, mucho más, que se conviertan en realidad los pronósticos de Rafael Micalco Méndez.

Mientras el líder del PRI sacaba a cuento el asunto de la supuesta expulsión, el del PAN, con mayores argumentos en la bolsa, decía que más adelante, en la siguiente legislatura, continuarán las fisuras al interior del partido tricolor.

¿Qué le parece?

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Si es cierto que Abraham Sánchez González y Anuar Musalem Valencia nada tienen que ver con las concesiones que se otorgaron en el sexenio pasado a la ruta Bicentenario "A", como afirman, entonces tendrían que explicarle a los operadores qué hacían como representantes de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad desde la oficina que instalaron en el número 702 de la calle 3 Sur, en el municipio de San Pedro Cholula.

Los choferes de la Bicentenario han confesado a las autoridades de la Secretaría de Transportes que ese inmueble era en realidad el centro de operaciones de la ruta, y que tanto uno como otro ex funcionario público eran los encargados de organizar el trabajo y dar las órdenes.

En esa misma dependencia insisten en la relevancia de Bertoldo Lucio Sánchez Muñoz como punta de la madeja para posteriores descubrimientos.

Los asesores de Bernardo Huerta Couttolenc siguen sin explicarse cómo un académico, funcionario público de medio nivel en el ayuntamiento de Tlaxcala, hizo para convertirse en propietario del 40 por ciento de las acciones de la ruta.

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