Muy convenenciero se mostró el consejero electoral Paul Monterrosas Román, al tratar de defender la continuidad de los consejos locales electorales en lugar de dar paso al Instituto Nacional que pretenden crear los diputados federales con la reforma política.

Monterrosas expuso que el organismo realiza elecciones más baratas que el Instituto Federal Electoral (IFE), y puso como ejemplo los comicios locales de julio pasado contra los federales de 2012.

Mientras en Puebla el voto tuvo un costo unitario de 74 pesos para el erario público, explicó, en la elección presidencial de 2012 el sufragio fue de 200 pesos.

El consejero expuso este caso para desmentir que la organización de elecciones estatales por la vía de un instituto nacional vaya a ser más económica, como argumentan sus defensores.

Ahí tiene razón Monterrosas Román.

Donde no actuó de la misma forma fue cuando se le cuestionó acerca de los salarios que ganan tanto los consejeros del Instituto Electoral del Estado como los de la junta local del IFE.

Aun cuando el órgano electoral local se distingue, presuntamente, por el ahorro de los recursos públicos, el consejero no estuvo de acuerdo en disminuir sus percepciones mensuales, que superan 60 mil pesos, para equipararlas con las que perciben los integrantes de la junta local, que son de 10 mil pesos.

En un asunto si defiende la economía pero en otro, el que le compete directamente a su bolsillo, no.

Qué incongruencia.

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Pues ni la negativa del INAH ni los sellos de clausura ni nada pudo evitar que un particular siguiera demoliendo la construcción histórica conocida como los Baños del Paseo Bravo.

En la obra, ubicada en el 705 de la calle 13 Sur, continúan trabajadores y la vieja chimenea como única parte del inmueble que se ha conservado, hasta ahora.

A favor de los propietarios de la construcción hay que decir que nunca han violado los sellos de clausura colocados por representantes del INAH.

Sin embargo, eso no significa que respetaran la negativa.

Para nada.

Lo que hacen los albañiles es ingresar al edificio por la Avenida Juárez.

¿Qué le parece?

Completa desfachatez.

A ver si ahora sí hacen algo los peritos federales.

Ya no podrá recuperarse la construcción porque no existe.

Pero al menos, en el peor de los casos, podría imponérsele una sanción ejemplar al responsable.

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Cuatro de cada 10 casos de trata de personas en el país estuvieron ligados, en su origen, con las redes sociales.

Eso es preocupante.

Significa que prácticamente la mitad de las víctimas fueron contactadas, atrapadas, a través de internet por sus cuentas de Facebook y Twitter.

Según Verónica TollerSerroels, el modus operandi de las redes delincuenciales que van tras las potenciales víctimas de trata se aprovecha del auge de las redes sociales para expandir su área de búsqueda, y eso, agregó, debe prender la alerta.

"Es un hecho palpable desde instituciones especializadas que se está encontrando cada vez más en las redes sociales un aumento de la captación de jóvenes y adolescentes para la trata de personas", explicó la especialista de origen argentino.

En ambas vías de internet, pero con mayor énfasis en Facebook, circulan fotos personales, se cuentan historias, se publica información familiar y laboral que es empleada por los tratantes para entablar diálogo, realizar el contacto y posteriormente concretar el secuestro.

Así se meten los delincuentes en la vida de sus víctimas como la humedad entre los muros.

El deber de los padres es estar pendientes en casa para impedir el delito.