Manuel Urquiza Estrada, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), rechazó que de aprobarse la propuesta de ley del Ejecutivo estatal se abra la puerta a un alza injustificada de la tarifa, pues señaló que ésta es reglamentada por las autoridades federales.

Al reunirse con integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, el funcionario estatal defendió la necesidad de que Puebla cuente con una Ley de Agua para que sea rentable el servicio en los próximos años.

Sin embargo, rechazó que haya acercamientos entre el Gobierno del Estado y empresas extranjeras a las que se les pueda concesionar el servicio y el cobro de las tarifas.

Urquiza Estrada subrayó que además de la deuda del SOAPAP por 3 mil millones de pesos, el organismo requiere de 3 mil 500 millones de pesos adicionales para buscar nuevas fuentes de abastecimiento y para poner las plantas al día, recursos con los que no cuenta el organismo.

"Se requieren inversiones muy fuertes para poner las plantas al día que no cumplen con la calidad (mil 500 millones de pesos). También para buscar nuevas fuentes de abastecimiento (2 mil millones de pesos). Son 3 mil 500 millones a parte de los 3 mil que debemos".

Cuando se le preguntó al funcionario si hay acercamientos con empresas extranjeras para concesionar el servicio y el cobro de tarifas, subrayó que no tenía comentarios.

Manuel Urquiza defendió la creación de la Ley del Agua en el estado debido a que en Puebla se requiere de un marco que regule tanto el abastecimiento como el saneamiento del vital líquido.

"Nos hace falta esa ley y estamos muy cerca de que se haga pública. En todo lo que tenemos en Puebla. Tenemos 17 juntas de agua. Hay muchos municipios conurbados que no tratan el agua y todo eso se va a regular, la calidad de servicio y lo que se cobra por eso".

Por ello insistió que es imposible pensar en que se establezcan tarifas de cobro por "antojo", sino que se trata de un precio regulado a nivel nacional "como sucede en los países civilizados".

El gobierno no debe perder el control de las tarifas: Alonso

Por su parte, Héctor Alonso Granados, diputado local de Nueva Alianza, consideró que el Gobierno del Estado no debe perder representación en el Consejo que administre el SOAPAP en caso de que el servicio se concesione, debido a que de lo contrario se corre el riesgo de que se autoricen tarifas excesivas.

Mencionó los casos de Aguascalientes y Cancún, donde los servicios concesionados derivaron en altas tarifas, sin que el servicio mejorara de manera significativa.

"El gobierno no debe perder el control de la concesión, debe mantener el 55 por ciento en el Consejo para que esto no resulte en beneficio sólo de los concesionarios. En Aguascalientes, los concesionarios subieron el costo hasta en un 62 por ciento".

Y es que la iniciativa del Gobierno del Estado establece que los Sistemas Operadores que den el servicio a más de un municipio o que concesionen el servicio podrán establecer las tarifas sin contar con la autorización del Congreso del Estado.