El inicio de un proceso penal que derivó en auto de formal prisión en contra del notario público número 49 de la ciudad de Puebla, Juan Carlos Salazar Cajica, puso en alerta a los fedatarios.

Si bien el hecho generó opiniones encontradas y algunos de los notarios relacionaron el suceso con la identidad del empresario al que Salazar Cajica habría favorecido con la supuesta falsificación de documentos: Ricardo Henaine Mezher, otros, más profundos en el análisis, vieron el colofón de un mensaje que les ha estado llegando desde el Poder Ejecutivo en los últimos dos años y medio: que el gremio al que pertenecen ha dejado de ser intocable.

La nueva Ley del Notariado del Estado de Puebla, reformada en diciembre de 2012, quitó al Consejo del Colegio de Notarios voz y voto en el juzgamiento de hechos ilícitos, civiles y penales, atribuibles a sus integrantes.

Antes de eso, gracias a una legislación emanada en el sexenio de Alfredo Toxqui Fernández de Lara (1975-81), los miembros del Consejo eran el filtro previo a las autoridades judiciales, lo que permitía que se protegieran entre sí ante cualquier denuncia e imposibilitaran al denunciante acceder a la justicia mediante la causa penal correspondiente.

Eso terminó.

La nueva Ley retiró el filtro que daba pie a la impunidad y volvió seres "mortales", de carne y hueso, a los notarios, quienes ahora sí pueden ser llevados a juicio por la comisión de violaciones legales en el desempeño de su labor.

Expresiones ligadas al ejercicio del notariado tales como "falsificación de documentos", "suplantación de personas", "testamentos apócrifos" y "cesiones de derechos y patrimonios de testadores 'muertos'" no son del todo leyendas urbanas.

En el gremio hay unas cuantas mafias de notarios públicos que en complicidad despojan a las personas de sus bienes.

Ellos, que por supuesto no son todos ni son mayoría, son quienes deben estar (muy) preocupados frente a los acontecimientos de la última semana.

La reforma de diciembre fue un primer mensaje.

El arranque de un proceso penal en contra de Salazar Cajica, aun vinculado a uno de los principales enemigos políticos del régimen, el segundo.

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Si desde el Ejecutivo revisaran a detalle el desempeño de los notarios, más allá de las denuncias penales presentadas en su contra por situaciones atribuibles al otorgamiento de la fe notarial, encontrarían que varios de ellos incumplen los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley que los rige para, por lo menos, obtener la patente de aspirante.

El inciso II del citado artículo establece como obligaciones del aspirante a notario, entre otras, "tener buena conducta, gozar de reputación intachable y honorabilidad profesional".

Si el Ejecutivo quisiera, y si le rascara en sus propios archivos, encontraría los argumentos necesarios para retirar del ejercicio del notariado a elementos cuya conducta no ha sido la deseada ni se ha guiado por el camino de la legalidad y la honorabilidad.

Un caso que podría encajar en este escenario es el del notario número 2 de la ciudad de Puebla, Juan Tejeda Foncerrada, sobre quien pesan un juicio ejecutivo mercantil radicado en el juzgado cuarto de lo civil, de número 560/2012, y una queja administrativa presentada ante la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas, el 30 de julio pasado.

A Foncerrada se le acusa de incumplir la devolución de un millón 500 mil pesos, por lo cual ya se dictó una resolución en su contra, y algo peor, de simular un embargo a sus bienes, por cinco millones de pesos, para evitar el pago reclamado.

De confirmarse la acusación, que amaga convertirse en un recurso penal, el notario, que en 2010 ya había sido ligado por la Procuraduría General de la República (PGR) a la presunta firma de contratos fraudulentos a favor del Grupo SITMA, perderá la "reputación intachable" y la "honorabilidad profesional".

Son varios los casos que permanecen a la espera de un fallo definitivo y una sanción ejemplar.

La semana pasada, en los días posteriores al encarcelamiento de Juan Carlos Salazar Cajica (quien después recuperó su libertad por el pago de una fianza), el periodista Fermín Alejandro García, de La Jornada de Oriente, sacó a la luz algunos de ellos y les puso nombre y apellidos.

El tiempo corre.

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Lo dejo con unas viejas líneas que escribió el periodista Carlos Mota en Milenio Diario el 19 de junio de 2003, bajo el sugerente título "Notarios: el fin de sus días".

"El más perverso de los oligopolios es el de los notarios. Son como dioses. Protegido legalmente, el oligopolio notarial se autoprotege, se justifica legalistamente y se defiende de un cambio que es necesario e inexorable.

"Pero ya están rebasados. La sociedad le empezará a cobrar las facturas de su legal pero ilegítima acumulación de riqueza. La razón es evidente: es un gremio que ha aprovechado las prebendas políticas y la argumentación jurídica para hacernos creer que como están (sus integrantes) deben quedarse.

"(...) Hay quienes coleccionan autos de lujo, casas en el extranjero, ranchos y demás riquezas. Son ricos de apellido y de patrimonio. Todo, con la prestación del oneroso 'servicio público' de dar fe...".

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