La Contraloría del estado abrió un procedimiento de investigación en contra de varios funcionarios del Registro Público de la Propiedad, tras confirmar que las partidas originales del Libro VI tomo 32 de la oficina radicada en Cholula fueron arrancadas, tal como adelantó CAMBIO en su edición de ayer, por lo que se procedió a abrir una investigación en contra de personal de dicha instancia jurídica, entre ellos Marisol Buendía Cisneros, según confirmó a este medio Ezequiel Flores Darán, encargado de despacho del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.

La investigación de la Contraloría, de acuerdo con los elementos obtenidos, podría culminar antes del fin de semana en la presentación de denuncias penales por la sustracción de documentos oficiales.

Flores Darán afirmó que tras conocer la información publicada por esta casa editorial solicitó a la Contraloría iniciar una investigación en contra de Marisol Buendía Cisneros, directora general del Registro Público de la Propiedad, y de los registradores Arturo Muñoz Adauta y Jan Pavón Flores, quienes se presume encabezan una mafia al interior de la dependencia para despojar ilegalmente a particulares de sus bienes inmuebles.

Además, dejó abierta la posibilidad de que puedan incluirse a más funcionarios implicados en las acciones ilegales: “estamos ya en la investigación. El mismo artículo del diario habla de dos personas que son registradores y de la directora del Registro Público en principio, pero la investigación está abierta y se aclara en consecuencia”, dijo en entrevista Flores Darán.

Informó que están a la espera de las declaraciones de los implicados para proceder a levantar una denuncia penal contra quien resulte responsable, a fin de que la Procuraduría General de Justicia realice las investigaciones pertinentes.

“Nosotros levantaríamos esta denuncia en contra de quien resulte responsable y de ser la persona que sea responsable habrá una autoridad judicial que emitirá la sanción correspondiente. Ya no corresponde al instituto decidir las penas o sanciones o lo que tenga que decidir el juez. Esto ya no corresponde, nosotros presentamos la denuncia para que se determine quién o quiénes son los responsables de los ilícitos que se señalan”.

El funcionario estatal tomó con sorpresa las revelaciones hechas por CAMBIO, pues argumentó que ante los pocos días que tiene de haber asumido la dirección del IRCEP, no tenía conocimiento de las irregularidades que se presentaban en la dependencia:

“Como ustedes saben, estamos llegando recién al instituto y conociendo todo el trabajo. Nosotros estamos en la búsqueda de cualquier tipo de irregularidad desde que llegamos. También de las cosas buenas que se están haciendo en el instituto. Necesitamos estimular las situaciones correctas, cosas buenas del instituto como tal y por otro lado corregir sancionar y modificar lo que pudiera estarse haciendo mal. En ese proceso estamos de investigación, no sólo en este tema, sino en cualquier tema que nos pudiera resultar en el diario acontecer, ya sea del Catastro o Registro Civil”, dijo.

El funcionario manifestó que hasta el momento no hay funcionarios cesados o destituidos de su cargo, ya que se evaluará con los asesores jurídicos qué procederá y de las actuaciones que realice la Contraloría del estado.

Finalmente, Flores Darán recalcó que se dará un seguimiento hasta encontrar a los responsables de los hechos y apoyará en todo momento la investigación que está haciendo la Contraloría.

Desde hace un mes Buendía Cisneros enfrenta una auditoría

Por su parte, el secretario de Contraloría, Eukid Castañón Herrera, reveló que existe una investigación desde hace 30 días para conocer a detalle las irregularidades que se han presentado en el Registro Público de la Propiedad, en la que se incluyen a Marisol Buendía Cisneros, quien funge como directora general de la dependencia y quien alteró los libros y partidas para despojar ilegalmente de bienes inmuebles de sus legítimos dueños, así como sus operadores Arturo Muñoz Adauta y Jan Pavón Flores.

En entrevista para CAMBIO, el funcionario dijo que la auditoría va conforme a la forma de trabajo y se presentarán las denuncias penales que ameriten y se llevarán los procesos administrativos de responsabilidades de acuerdo a la gravedad de las faltas.

Asimismo, subrayó que la Contraloría sólo procederá en contra de los funcionarios que operan los despojos cuando se cuente con todos los elementos que soporten las denuncias o procedimientos de responsabilidad.

“La relevancia es que se tienen que correr los procedimientos para poder centrar el inicio de una denuncia, es decir, que se hagan las denuncias judiciales para que podamos proceder conforme a lo que marca la ley”, aseveró.