Si el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quiere terminar los últimos seis meses de gestión con una buena aceptación ciudadana es fundamental que revise la actuación de su secretario de Seguridad, Amadeo Lara Terrón, ya que muchos de los problemas de vialidad y de incremento de la delincuencia en la capital se deben a una política de maquillar las cifras de agentes disponibles, de sanciones a los uniformados y de aparentar que se combaten los ilícitos.

Sin duda el incremento del número de delitos en la ciudad de Puebla tiene una explicación multifactorial, pero también pasa mucho por la política de simulación que mantiene Amadeo Lara Terrón, quien entre otras cosas ha dispuesto que se finja sancionar a los agentes que son descubiertos en actos de extorsión o cometiendo abusos, pues lo único que se hace con ellos es cambiarlos del área operativa a labores administrativa como sanción.

Uno de los problemas que todos los días sufren los habitantes de la ciudad de Puebla son los congestionamientos viales como consecuencia de las obras que se hacen en dos importantes tramos de la transita avenida 11 Sur, así como en la calzada Zavaleta, y los trabajos de cambio de drenaje en la 23 Sur, cerca de la UPAEP. Para atender dicha situación conflictiva la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal anunció que por lo menos 40 agentes viales serían colocados en esas áreas para resolver los conflictos viales.

Sin embargo, la anterior información es una mentira, ya que en los últimos días, por situaciones de vacaciones, incapacidades o ausentismo laboral, solamente han estado disponibles 17 agentes de tránsito por cada uno de los cinco sectores en que se encuentra dividida la ciudad de Puebla.

Es decir no hay más de 85 uniformados, por turno, haciendo labores de atender accidentes viales, semáforos descompuestos y hacer desvíos en calles cerradas de toda la ciudad. Lo cual lleva a que en la mayoría de los choques de autos que ocurren en la capital, sobre todo si no hay lesionados graves, nunca se presenten los uniformados a auxiliar o si lo hacen, únicamente permanecen unos minutos.

Y en las zonas de las obras solamente se puede ver a unos cuantos agentes que no se dan abasto.

Lo mismo pasa con la Policía. Se supone que habría unos 810 agentes a cargo de la vigilancia en la ciudad, pero en realidad son alrededor de 435 uniformados los que están en servicio y atendiendo a las más de 800 colonias con que cuenta la  Angelópolis.

Esa falta de personal provoca un vicio que se niega y es un secreto a voces en las filas policíacas, es que cuando a un grupo de agentes les falta menos de cuatro horas para concluir su turno laboral, prefieren no atender llamadas de auxilio o no presentar a presuntos delincuentes detenidos, por una razón muy sencilla, pero difíciles para estos servidores públicos, que es perder su día de descanso.

Cuando los policías detienen a presuntos delincuentes o autores de faltas administrativas, tienen que presentarlos ante el Ministerio Público o el juez calificar, en un proceso que puede tardar desde tres hasta 10 horas, las cuales ya son parte de su día de descanso y que nadie se las repone.

Como no se tiene suficiente personal para relevar a los agentes que están concluyendo su jornada laboral de 24 horas seguidas, a los uniformados lo único que les queda es hacerse omisos en sus últimas horas de trabajo, sin importar las consecuencias.

El problema de fondo de esta situación es que Amadeo Lara Terrón está más preocupado en su imagen y porvenir político, que en atender de fondos los problemas delictivos y de tránsito de la ciudad. Por esa razón prefiere maquillar cifras que afrontar que el retiro de 800 agentes, por parte del gobierno del estado, tiene a la capital con una crítica escasez de policías.

Lara está más preocupado en lograr colocarse en un nuevo puesto público antes de que concluya el actual trienio, razón por la cual la semana pasada se ausentó para acudir al Distrito Federal a un curso de técnicas policíacas dirigidas a altos mandos. Aunque su viaje se intentó mantener en secreto, trascendió entre todas las áreas de la secretaría a su cargo, y eso derivó en que se relajara la vigilancia. Tal vez por eso en ese periodo hubo hasta dos robos a clientes de bancos por día.

El gobierno del estado, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era Ardelio Vargas Fosado le quitó al ayuntamiento a 800 policías, mismos que seguirían actuando en la ciudad pero como agentes estatales. Eso fue mentira ya que Vargas los repartió a la mayoría de esos uniformados en varios municipios y desprotegió la capital.

Esa condición no la denuncia Lara Terrón porque sería políticamente incorrecto y le podría costar un próximo cargo, sobre todo ahora que Vargas Fosado tiene ingerencia en el ámbito del gobierno federal.

Las directrices de Lara son ocultar los problemas y aparentar que se detienen a muchos delincuentes. A ello obedece a que todos los días se presenta ante la opinión pública de la misma manera a una persona que fue detenida por no percatarse que invadió una propiedad privada o que supuestamente se robó unos aretes, que los miembros de una peligrosa banda, contra los que había órdenes de aprehensión y estaban identificados como autores de una larga trayectoria de ilícitos.

Otra muestra de esa política de avestruz de Lara Terrón es que hace unos días fue escandaloso el accidente en donde un agente, vestido con el uniforme oficial, de nombre José Cárcamo Rosas, volteó un vehículo en el que viajaban su esposa e hija, falleciendo la segunda de ellas. El servidor público, en lugar de afrontar el conflicto, abandonó el lugar de los hechos y eso lo hacía acreedor a una sanción.

Ahora este agente forma parte del equipo encargado de buscar que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pase las auditorías de la Comisión para Acreditación de la Seguridad Pública –el cual es un organismo estadounidense–, mismas que iniciaron la semana pasada. Es decir la iglesia está en manos de Lutero.