La actitud acrítica y colaboracionista con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas de los actuales diputados locales priistas está plenamente identificada en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, razón por la cual la dirigencia nacional del tricolor ha establecido un marcaje personal sobre el papel que desempeñarán los nuevos legisladores para evitar que también acaben siendo controlados desde Casa Puebla.

A los 9 diputados  que tendrá el PRI en la próxima legislatura el presidente del CEN priista, César Camacho Quirós, de manera personal les ha marcado los límites de su actuación, al indicarle que no se les permitirá ser colaboracionistas de los abusos o excesos que se cometan desde el Poder Ejecutivo de Puebla.

Tienen que ser una oposición real al gobernador, les marcó en reuniones sostenidas en la Ciudad de México.

Pero tampoco se quiere que adopten una actitud de ser “un garrote” contra la administración de Moreno Valle Rosas, y que únicamente se dediquen a “golpear” al gobierno estatal.

Lo que deben buscar –sintetizó– es  aprender a buscar equilibrios para que sin dejar el papel de opositores, contribuyan a garantizar la gobernabilidad en el estado.

En el CEN del PRI ya se da por descartado poder incidir en la actuación de los diputados actuales, pues de nada sirvieron los llamados que se les hizo la semana pasada para que se abstuvieran de votar la cuenta pública del gobernador Moreno Valle Rosas.

Los legisladores tricolores no pudieron resistir la presión que salió desde Casa Aguayo de que la cuenta del mandatario se tenía que aprobar necesariamente por unanimidad, o de lo contrario sus homólogos panistas se desquitarían con las cuentas del ex rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, y con la édgar Salomón Escorza, quien el año pasado presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso.

Para demostrar que el CEN priista habla en serio de que ahora sí se fiscalizará el papel de los diputados locales, es que desde el viernes llegó a Puebla el político tamaulipeco Cenobio Ruiz Zazueta, quien se encarga de vigilar a los legisladores priistas en donde el gobernador es del PAN o el PRD.

Más allá del tema de que los nuevos diputados priistas deben construir una agenda de oposición y tomando en cuenta las propuestas de campaña, el enviado del CEN lo primero que hizo fue advertir a los miembros de la próxima bancada tricolor que los asuntos delicados o de mayor peso que lleguen al Congreso local, tendrán que primero consultarse con la dirigencia nacional del partido y ésta marcará el sentido del voto que tienen que dar en el pleno del Congreso.

Sobre todo en lo concerniente a temas de aprobación de cuentas públicas, autorización de créditos, el presupuesto anual del Poder Ejecutivo y las reformas a la Constitución local.

El planteamiento de César Camacho Quirós parece correcto, luego de que los anteriores dirigentes priistas Pedro Joaquín Coldwell y Humberto Moreira actuaron con indolencia sobre el penoso papel de los diputados locales del tricolor.

Sin embargo el problema de fondo es qué tanto el CEN del PRI tendrá la suficiente capacidad de disciplinar a los nuevos diputados priistas, que en su mayoría carecen de experiencia en el ámbito legislativo o son personajes muy cercanos a los intereses del gobernador Moreno Valle.

De los nueve diputados que tendrá el PRI se puede percibir que tres de ellos intentarán mostrar una verdadera actitud crítica e independiente del gobernador. Ellos son: el actual presidente del partido, Pablo Fernández del Campo; el ex aspirante a candidato a presidente municipal de la capital, José Chedraui Budib, y Juan Carlos Natale, no tanto por convicción personal, sino porque desde la campaña el CEN priista y la dirigencia nacional del PVEM lo obligaron a alejarse del control del gobierno del estado.

Quienes se antoja casi imposible que puedan ser críticos del Poder Ejecutivo, se encuentra Leobardo Soto, el líder de la CTM, quien es quizá el priista con más beneficios del gobierno de Moreno Valle, puesto que ha obtenido varios contratos –entre ellos los de San José Chiapa, en donde se construye la planta de Audi– para dar servicio de camiones de carga en diversas obras públicas de la entidad.

La CTM es una central que se ha ido quedando  sin sindicato y bases obreras, por el aumento de la precarizad laboral, el outsourcing y el crecimiento de la disidencia cetemista. Por eso el principal centro de poder de Leobardo Soto son los contratos que obtiene de la administración morenovallista.

Lo mismo se puede suponer de Silva Tanús Osorio, quien siempre ha sido cercana al grupo político del gobernador.

Tanús fue parte de la dirigencia del PRI cuando el presidente era Fernando Morales Martínez. El segundo de ellos era quien establecía la relación de cercanía con Moreno Valle, mientras que la primera era quien ejecutaba los acuerdos a los que constantemente llegaban la cúpula del partido y el grupo del gobernador. Por eso al iniciar la gestión de Pablo Fernández al frente del tricolor se volvió insostenible la presencia de Silvia Tanús, quien dejó el Comité Directivo Estatal priista.

También hay motivos para desconfiar de Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien se maneja como parte del grupo de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, aunque en realidad es alguien controlado por el ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien es el principal colaboracionista del gobierno de Moreno Valle y es quien ha buscado aplacar a grupos priistas que han buscado ser críticos con el jefe del Poder Ejecutivo.

A los otros tres diputados, Rosalío Zanatta Vidaurri, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Geraldine González de la Garza, se le ve “verdes” y sin mucha idea de cómo ser buenos legisladores. Es decir serán del montón.