La aprobación de diversas cuentas públicas en tiempo récord, entre ellas las del gobernador Rafael Moreno Valle, el presidente municipal Eduardo Rivera, el ex rector de la BUAP Enrique Agüera y la ex alcaldesa Blanca Alcalá, evidencia la crisis de autoridad que atraviesa el Comité Directivo Estatal del PRI tras los comicios del 7 de julio.

Primero en comisiones y después en el pleno del Congreso, los diputados del partido tricolor olvidaron las lanzas a muerte del proceso electoral para respaldar, sin aspavientos y de manera unánime, los resultados contables de las administraciones panistas.

A su favor podrán decir que a cambio de ese respaldo, lo que ellos consiguieron fue la aprobación de las cuentas de dos de sus liderazgos vigentes: Enrique Agüera y Blanca Alcalá.

Puede que tengan razón.

Tanto los dictámenes como el sentido de las votaciones en todos los casos evidencian la celebración de un acuerdo previo para llevar el asunto a un final feliz, para regresar al Poder Legislativo de los primeros dos años en que todo caminaba por una sola ruta y era visto del mismo color.

Frente a un acuerdo político de esas características, los más beneficiados habrían sido entonces, en esta ocasión, el candidato perdedor a la presidencia municipal de Puebla (Agüera) y la senadora en funciones (Alcalá).

Sin embargo, el punto relevante tiene que ver con el rol que desempeñó -o que no desempeñó-la dirigencia priista en este tema.

Pablo Fernández del Campo, delegado presidente del CDE, fue ignorado por completo.

El diputado Ernesto Leyva Córdova fue quien llevó las negociaciones legislativas por parte del PRI para dar el visto bueno a las cuentas públicas enunciadas.

Asumió su papel de coordinador de bancada, conversó con sus compañeros y hasta convenció a Gerardo Mejía de ausentarse de la sesión del jueves para no mostrarse (tan) incongruente con su tarea de crítico mordaz del gobierno del estado, desplegada ésta durante la contienda electoral.

La mala noticia, para el PRI de Fernández del Campo, es que en ningún momento fue informado acerca de lo que se cocinaba en el recinto legislativo.

Los pasos hacia adelante que había caminado la dirigencia tricolor en los temas del Congreso, después de la salida de Fernando Morales y el ingreso de Pablo, fueron borrados con los resultados electorales del domingo 7.

Si bien los diputados del PRI comenzaban a alinearse en torno a los intereses del partido, y no de los propios, eso parece haber llegado a su fin.

Una dirigencia estatal debilitada será incapaz de imponer la ruta de trabajo a sus legisladores.

El problema no se llama Pablo Fernández del Campo.

Quien sea que llegue en su lugar, en esta misma semana o hasta diciembre, padecerá la crisis de un partido severamente disminuido.

Eso que sucedió en el Congreso es apenas el asomo de lo que ocurrirá en los meses por venir, y en muchas otras áreas de competencia pública.

Los vasallos, aun los tricolores, requieren de un soberano para vivir a gusto.

Por eso es que, ante el fracaso del resurgimiento priista, correrán de vuelta a los brazos del morenovallismo.

Edgar Salomón Escorza es uno de varios ejemplos.

Cuentan que, apenas transcurridos dos o tres días después de los comicios, el candidato perdedor a la alcaldía de San Martín Texmelucan se comunicó con el mandatario para "ponerse (nuevamente) a las órdenes" y para informarle que regresaría a ocupar su asiento en el Congreso.

No hay que hacer escándalo.

La ausencia de autoridad en el partido al que representan, y que alguna vez los encumbró llevándolos a donde hoy están, los conduce a eso.

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