En el actual sexenio se aplica la máxima de Porfirio Díaz de hacer “mucha administración y poca política”, ya que bajo ese criterio todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado se han sometido a un esquema de absoluta opacidad para que entre todos se cubran las espaldas y no salgan a la luz pública las anomalías que se pudieron cometer en el ejercicio de más de 60 mil millones de pesos del erario tanto en el Congreso local, el Poder Ejecutivo y varios ayuntamientos, incluido el de la capital.

Más allá de premios, reconocimientos públicos y la propaganda oficial que sostiene que en Puebla se tiene la mejor legislación en materia de transparencia y que no se oculta la información gubernamental como en épocas pasadas, lo cierto es que actualmente la revisión de la aplicación del erario se hace bajo negociaciones políticas, se esconde la mayor parte de las anomalías y se utilizan las auditorías como mecanismo para someter a los críticos del Poder Ejecutivo.

Tal vez se utilizan nuevas formas de fiscalización, pero en el fondo se ha incrementado la opacidad en los tres poderes públicos en el estado, como consecuencia de que no hay una verdadera oposición política en la entidad, no existen contrapesos ni grupos de la sociedad civil que incidan en este tema. La poca crítica que se hace en la materia proviene de medios de comunicación, y no de todos, sino de unas pocas voces.

Sólo así se puede entender que de manera poco o nada creíble en un periodo de menos de dos meses se revise por parte del Congreso la aplicación de 60 mil millones de pesos del Poder Ejecutivo –correspondiente al ejercicio de 2012– y no se encuentren anomalías y las pocas observaciones se acaben ocultando. Y que los diputados para aprobar el dictamen sólo hayan tenido cinco reuniones.

Por eso en Puebla no pasa nada, pese a que se hacen obras públicas a costos nunca antes vistos; sin que se sepa la calidad de su construcción y su impacto social, y su esquema económico implique comprometer con la banca privada miles de millones de pesos del erario por los créditos adquiridos por las empresas encargadas de los proyectos, bajo un esquema en el que no se le da la categoría de deuda pública, pero en realidad sí lo es.

Todo eso es posible por el sometimiento que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ejerce sobre la mayor parte de los actores políticos de la entidad. Un ejemplo claro es el de édgar Salomón Escorza, el fallido aspirante a edil de San Martín Texmelucan y ex presidente del Congreso local.

Salomón hasta hace unos meses formaba parte del grupo de políticos consentidos del gobernador, pese a que es legislador local por el PRI. Eso le permitió a este político tener a su cargo la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local durante 2012, época en que tuvo la excentricidad de mandar a remodelar su oficina para que se pareciera, en estilo y el tipo de muebles a la de Fernando Manzanilla Prieto, quien ese entonces era secretario General de Gobierno y el segundo hombre del Poder Ejecutivo.

Desde que se hizo la remodelación de la oficina y se mandó arreglar el inmueble el Mesón del Cristo, el cual fue un edificio que se le donó al Congreso, surgieron una serie de anomalías, tales como que las empresas Mar de México Comercializadora y Consorcio Constructora Magestic se hicieron cargo de esos trabajos y resultó que ambas tenían sus domicilios fiscales en la colonia Popular Emiliano Zapata, en casas abandonadas.

Es decir, se decía de que en realidad ambas empresas contratadas en el periodo de Salomón eran “fantasmas”.

A principios de este año los diputados del PAN anunciaron que investigarían a ambas empresas por creerse que había operaciones fraudulentas.

Dicha investigación se continuó cuando Edgar Salomón se negó a ser candidato del PAN para edil de San Martín Texmelucan y buscó la postulación en el PRI, la cual consiguió, pero le costó distanciarse del grupo político del gobernador. La historia posterior es de sobra conocida: el priista fue derrotado por haber sido un pésimo aspirante que no era querido por la gente de su propio partido.

Hace unos días Salomón regresó al Congreso y su caso entró en la negociación política que emprendieron los diputados priistas, de votar a favor de la cuenta de Moreno Valle, a cambio de que se aprobara la cuenta de su compañero de bancada Edgar Salomón, junto con los dictámenes de otros priistas.

Es decir la enjundia panista de que se investigara a las empresas utilizadas por Salomón para remodelar la oficina principal del Congreso y el edificio del Mesón del Cristo quedó solamente en buenas intenciones, ya que nunca se sabrá si realmente se usaron compañías “fantasmas” para esos propósitos.

¿Por qué afirmar que ahora con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se está peor que antes?

En legislaturas anteriores privó el mismo esquema de sometimiento de la fracción mayoritaria al poder del gobernador en turno, pero aun así había diputados críticos de oposición y hasta dentro del mismo PRI.

Hace tres sexenios un diputado del PAN llamado Jorge Ehlinger Coglhan con calculadora en mano puso en ridículo al Congreso, durante una sesión del pleno, al exhibir que en varios dictámenes de cuentas públicas las cifras no cuadraban. Y obligó a que los expedientes regresaran a revisión y corrección.

Un sexenio después un grupo de diputados del PAN y el PRI cuestionó hasta la saciedad un informe que presentó el entonces secretario de Gobernación, Carlos Alberto Julián y Nacer, y lo obligaron a volver a elaborarlo.

Ahora nadie en el Congreso se atreve a cuestionar ni el zumbido de una mosca.