Cada vez que avanzan más los días luego de los comicios del 7 de julio crecen más las versiones de que los recientes resultados electorales fueron consecuencia de factores controlados directamente desde Los Pinos, en donde se tomó la determinación de crear condiciones para que todos los gobernadores, en los 14 estados en donde hubo votaciones, resultaran ganadores de las contiendas. Por esa razón en Puebla nunca llegó la ayuda federal para que el PRI pudiera contener la compra de votos que hubo de los contrincantes de este partido.

El fundamento de ese comportamiento es que el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó con el conjunto de resultados en los 14 estados generar un mosaico plural de triunfos de todas las fuerzas políticas, sobre todo de la alianza PAN–PRD, en los casos de Baja California y Puebla.

El objetivo de esa condición fue garantizar que todas las fuerzas políticas, que incluye al PRI y la oposición, apoyen dos de los proyectos fundamentales  del gobierno peñista –que se están negociando por medio del Pacto Por México–, que son: las reformas energética y hacendaria.

Lo que persigue la administración de Peña Nieto es mantener a todas los partidos políticos sentados en la mesa de la negociación, para conseguir las reformas, y una vez que éstas se concreten, dar por terminado el ciclo del Pacto por México para que entonces cada fuerza política regrese a su posición original, que es el PRI como agrupación oficial, y el PAN y el PRD como una oposición al priismo, pero de manera separada.

El resultado electoral que se obtuvo en los 14 estados del país en donde hubo votaciones permite construir el escenario político trazado por el gobierno federal, y aunque los dirigentes del PAN y el PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, mantienen una persistente crítica contra los gobernadores priistas, lo cierto es que en el fondo están agradecidos con este esquema, ya que los triunfos de Puebla y Baja California les han permitido a los dos sortear una crisis de liderazgo que ambos enfrentan hacia el interior de sus partidos.

Queda claro que por esa razón el 7 de julio la estrategia que se siguió desde Los Pinos fue mandar a los dos principales dirigentes del PRI nacional, César Camacho Quirós e Ivonne Ortega a controlar los procesos electorales en Puebla y Baja California. Su objetivo se concretó en evitar que el tricolor en esos estados mostrara una estrategia audaz para vencer a la coalición del PRI y el PRD, así como de los gobernadores panistas de ambas entidades.

Y una forma en que el gobierno federal dejó desprotegido al PRI poblano es que nunca se respondió a la petición de mandar al estado a la Policía Federal para que desarticulara los operativos dedicados a la compra de votos a favor de la coalición panista–perredista.

Un componente que en 2010 le funcionó a Rafael Moreno Valle Rosas para derrotar al PRI en el estado, es que la Policía Federal llegó a la entidad a frenar la movilización electoral del tricolor.

Ahora ese eficiente recurso se le negó al PRI desde un gobierno priista. Así es de impredecible la política.