El resultado de las votaciones del pasado 7 de julio parecía ser la antesala de una crisis en el PRI poblano, sobre todo por el surgimiento de voces que piden cambios inmediatos en la conducción del partido como consecuencia de la derrota. Sin embargo, ayer el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor frenó los intentos golpistas y estableció que no es el tiempo, ni mucho menos hay motivos para sustituir al presidente estatal de dicho instituto político en el estado, Pablo Fernández del Campo, así como al delegado del CEN, Fernando Moreno Peña.

César Camacho Quirós, el presidente nacional del PRI, aprovechó una reunión que sostuvo con los nuevos diputados priistas de Puebla para deslizar la frase de que el cambio de dirigentes en el estado no se va a hacer porque lo pida un grupo de militantes, sino que éste se producirá cuando el CEN lo considere oportuno y necesario de acuerdo con los intereses del partido.

El espaldarazo a Pablo Fernández y a Fernando Moreno Peña pareció tener como destinatarios a los grupos del diputado federal Enrique Doger Guerrero, de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quienes han empezado, desde el viernes pasado, a tener reuniones para impulsar el tema de cortarle la cabeza al actual delegado presidente del PRI en el estado, a quien buscan responsabilizar como el único autor de la derrota del 7 de julio.

Y claro, atrás de esa crítica y exigencia de cambiar los mandos del partido se alberga el proyecto, de cada grupo, de apoderarse de la dirigencia del PRI y con ello intentar controlar los futuros procesos electorales de los años 2015 y 2018, así como también la siguiente candidatura a gobernador.

Más allá de los motivos de Camacho Quirós para mantener a los actuales mandos del PRI, es fundamental analizar la pertinencia de sostener en su cargos a los dos principales dirigentes y responsables del actual proceso electoral. Para ello es fundamental revisar lo siguiente:

Es cierto que en una lucha electoral lo que cuenta es quién obtiene más votos, sin importar que la diferencia sea de uno o dos sufragios. Y en ese sentido lo ocurrido el 7 de julio es la peor debacle sufrida por el PRI poblano. Pero también es cierto que el tricolor fue un partido que supo ser competitivo, dar la batalla y evitar una catástrofe mayor a la sufrida, pues los números finales no son nada malos.

Para empezar a nivel general del estado el PRI mantuvo su votación de 826 mil 866 sufragios, que es similar o mayor a la de los dos últimos procesos electorales de gobernador en el estado.

En cambio fue la coalición Puebla Unida, formada por el PAN y otros partidos afines al gobernador Rafael Moreno Valle la que cayó en sus números, pues obtuvo 925 mil 526 votos, lo cual es una cifra inferior al millón 200 mil sufragios que los mismas fuerzas políticas obtuvieron en el año 2010, cuando la oposición sacó al PRI del Poder Ejecutivo local.

La diferencia entre Puebla Unida y el PRI es de 3.6 por ciento de votos, lo cual indica que el tricolor se mantuvo en un alto nivel competitivo, aunque al final resultara derrotado en las principales cabeceras municipales.

A nivel de la capital el candidato Enrique Agüera Ibáñez sacó una votación de 208 mil 998 sufragios, que es mayor a la que tuvo Mario Montero Serrano, el candidato priista derrotado en 2010, quien obtuvo 201 mil votos.

Y en términos generales Agüera se mantuvo muy cerca de las votaciones que registraron los últimos dos alcaldes priistas de la capital, Enrique Doger Guerrero y Blanca Alcalá Ruiz, quienes tuvieron en su momento 242 mil y 224 mil sufragios, respectivamente.

Con tales números queda claro que al PRI no le faltó competitividad, sino que los factores fundamentales que provocaron su derrota fueron los siguientes:

1. La inequitativa contienda que llevó al PRI a competir con escasez de presupuesto, de propaganda y de estructuras, frente al aparato del Poder Ejecutivo, que montó una campaña y un gasto similar a una elección de gobernador, con actos anticipados de proselitismo y autoridades electorales controladas desde Casa Aguayo.

2. Que el gobierno federal abandonó al PRI de Baja California y Puebla, por lo que no se mandó la ayuda, vía el CEN priista, para hacer frente a las elecciones de Estado de los gobiernos panistas de ambas entidades.

Esa entrega de Baja California y Puebla a favor de la coalición formada por el PAN y el PRD sirvió para salvarles el pescuezo a los presidentes nacionales de esos partidos, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, quienes enfrentan una crisis de liderazgo y si no ganaban el domingo 7 de julio ese par de plazas nadie podría haber evitado su caída como dirigentes.

Y para el gobierno de Enrique Peña Nieto es fundamental mantener en sus cargos –con alfileres– a Madero y Zambrano para que pueda seguir pactando con ellos las reformas planteadas en el Pacto por México.

Frente a los factores antes citados, queda claro que ningún dirigente del PRI en Puebla podía parar una derrota del partido ante la maquinaria electoral –llena de actos ilegales y fraudes– del gobernador, así como la circunstancia política que envuelve al Pacto por México.

Sin embargo, Fernández y Moreno Peña tuvieron los méritos de nunca dejarse amedrentar por el gobierno de Moreno Valle, de mantener alto el nivel competitivo del PRI y de hacer campañas sin fondos suficientes. Otros dirigentes a la mitad del camino se hubieran vendido o habrían tirado la toalla.

Por lo cual el peor error que podría cometer el PRI en su proceso poselectoral sería cambiar de dirigentes y no reconocer el arrojo de sus actuales líderes estatales, que durante tres meses le dieron al partido el carácter de oposición que nadie en el tricolor le había podido imprimir desde la derrota de 2010.