Repasemos un poco la historia.

El 29 de julio de 2011, en la que fue la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, los integrantes de la presente legislatura local aprobaron el dictamen con minuta de decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral.

La votación fue unánime.

Todos los diputados dieron el "sí", incluidos los priistas.

Aquella vez, con el "panalista" Guillermo Aréchiga Santamaría como líder del Congreso, los legisladores presumieron que se trataba de la mayor reforma electoral concretada en los últimos 20 años.

Los representantes de las diferentes fracciones parlamentarias, entre ellos el del PRI, José Luis Márquez Martínez, se pusieron de acuerdo para elogiar los cambios a la legislación con idénticos argumentos.

Afirmaron que la reforma -originada en el Poder Ejecutivo- permitiría impulsar la equidad de la representación política, fortalecer a la autoridad electoral dotándola de facultades fiscalizadoras y la concurrencia de los procesos electorales locales con los federales a partir de los comicios del 2018.

Ese viernes, desde tribuna, ocho legisladores arengaron a sus compañeros para subrayarles el momento histórico en el que se encontraban y para convencerlos de apoyar las modificaciones.

Ellos fueron Zeferino Martínez Rodríguez (PT), Inés Saturnino López Ponce (PAN), Jesús Ricardo Morales Manzo (PVEM), José Antonio Gali López (PRD) y Mario Gerardo Riestra Piña (PAN).

Por el PRI lo hicieron Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, que después se cambió a Nueva Alianza, José Lauro Sánchez López y José Enrique Doger Guerrero.

En efecto, aquella vez se llevó los reflectores la formalización del periodo de cuatro años ocho meses para los siguientes presidentes municipales y diputados, y la minigubernatura -por única ocasión- de un año ocho meses.

Como usted sabe, los ajustes se realizaron para empatar la fecha de la elección de ediles y legisladores con la de los diputados federales, y la de gobernador con la de presidente de la república y senadores.

Después de 2018, todos estos cargos de elección popular regresarían al periodo acostumbrado.

Fuera de esas modificaciones, el resto de la reforma pasó a segundo plano en el análisis político.

La formalización de un novedoso instrumento de competencia electoral, como son las "candidaturas comunes", fue menospreciada por el PRI, partido al que acabaría por perjudicar en el futuro inmediato.

Los diputados del bloque de Compromiso por Puebla hicieron su trabajo, apoyaron al gobernador Rafael Moreno Valle y sacaron adelante la reforma.

Los del PRI, presuntamente opositores al régimen, la dejaron pasar y hasta la respaldaron, creyendo -o haciendo creer a su militancia- que con frenar el tema de la redistritación electoral -al menos por unos meses- cumplían con su deber.

Grave error.

Gracias a ese instrumento Puebla Unida ganó varios espacios de poder, principalmente en el Congreso, y amplió su ventaja en otros más donde podría haberse presentado un conflicto postelectoral que derivara en el recuento de votos.

Las "candidaturas comunes" le permitieron hacerse de la victoria en los distritos 2, 3, 5 y 9, y la mantienen con altas posibilidades en el distrito 16, de la ciudad de Puebla, donde la diferencia entre su candidato y Víctor Giorgana Jiménez, del PRI, era de apenas 15 votos al cierre del PREP.

Por el mismo recurso logró un triunfo contundente en distritos altamente disputados: 7, 20 y 23.

En el caso de la disputa por los ayuntamientos el caso más representativo es el de San Martín Texmelucan.

Ahí el priista Edgar Salomón Escorza logró 18 mil 243 votos, contra 13 mil 280 de Puebla Unida.

Sin embargo, como la coalición se alió con el Partido del Trabajo, que obtuvo 6 mil 523 votos, y con el Partido Pacto Social de Integración, que se hizo de un mil 163 sufragios, pues su candidato, Rafael Núñez Ramírez, derrotó a Escorza.

Interesantísimo.

Salomón Escorza, uno de los priistas que como diputado aprobó las candidaturas comunes en julio de 2011, sufrió en carne propia su deslealtad hacia los intereses del tricolor.

Qué pensarán ahora los diputados del PRI que aprobaron esa reforma, como dice el diario de debates del Congreso, por "unanimidad".

¿Estarán contentos Lauro Sánchez y Enrique Doger por haberla defendido en tribuna?

Habrá que preguntarles.

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