Una vez que se confirmó la muerte del ex rector de la UAP Samuel Malpica Uribe, aparecieron las voces de todos los políticos manifestándose “solidariamente” por la pérdida del aguerrido ideólogo de izquierda.

Tristemente, el asesinato de un hombre tan ligado a la política poblana y a la máxima casa de estudios resulta por demás atractivo para los grupos políticos, a cinco días de celebrarse una cerrada elección.

Prácticamente nadie se sustrajo de la tentación de utilizar este trágico evento. Unos para ofrecer sus condolencias, otros más para cuestionar la inseguridad y algunos más para insinuar culpas.

Un caso que confirma la calidad de mercenario del periodismo de Pedro Ferriz, quien sin mayores elementos culpó al candidato de la coalición 5 de Mayo, para tratar de influir en el electorado; en un ataque más de los muchos que ha lanzado desde su micrófono, en reciprocidad a los jugosos contratos publicitarios que recibe él y su empresa de manos del gobierno estatal poblano.

Otro que se sumó a la operación morenovallista fue el procurador Víctor Carrancá, quien utilizó a la PJE para emitir un comunicado en el cual declara la existencia de una línea de investigación por las acciones de Malpica en contra de funcionarios universitarios, en clara alusión al grupo agüerista.

Lo grave del asunto es que durante todo el sexenio la Procuraduría de Justicia nunca había emitido un comunicado en el que diera datos de las investigaciones sobre algún delito cometido, debido a que con esta información se pone en riesgo las investigaciones del caso.

Olvidando sus propias reglas, el procurador emitió ese comunicado con fines evidentemente electoreros, toda vez que la simple insinuación genera notas informativas en contra del candidato opositor.

En el comunicado de la PJE se habla de tres líneas de investigación, pero se olvidan del posible asalto a mano armada, la cual debiera ser considerada como la primera sospecha.

Sin embargo, el hecho de reconocer que la causa de la muerte de Samuel Malpica pudiera ser un asalto violento, de esos que abundan en esta ciudad, reforzaría la percepción de los poblanos de que vivimos en un estado altamente inseguro.

Y es precisamente la inseguridad la que le ha generado puntos negativos al gobierno morenovallista.

Así las cosas, es evidente que el gobierno intenta utilizar el aparato de gobierno para invertir la percepción de que Puebla es un estado sumido en una crisis de violencia e inseguridad.

Sin duda, la cuestionable calidad moral del Señor de los Cerros lo llevó a ordenar el uso de la Procuraduría de Justicia en el Estado para intentar sacar raja política de la muerte de Samuel Malpica.

Si a esas vamos, cuando se lucra burdamente con una tragedia como ésta, me parece que ese “sospechoso” interés podría dar elementos para abrir otra línea de investigación.

¿Voy bien, o me regreso?

Un aviador azul

Recibí información que involucra a la diputada Josefina Buxadé Castelán, quien tiene en su nómina a Guillermo Morales, pero que en los hechos trabajó de tiempo completo en la campaña de la coalición Puebla Unida.

Durante los dos meses de la campaña este joven sólo se apareció en el Congreso para cobrar y el resto del tiempo se dedicó a la campaña, donde promovió el voto entre jóvenes.

Hay datos duros que lo vinculan con otros personajes del PAN a los que sirve como espía, pero ésa, ésa es otra historia.