La aprobación por el Congreso del Estado de Puebla de la Ley Malena y la Ley Monzón, como se les ha popularmente denominado a las reformas para fortalecer el marco normativo y el sistema de justicia local, marca un precedente para eliminar en la entidad todo tipo de violencias en contra de las mujeres.

Con la Ley Ácida, promovida precisamente por María Elena Ríos (Malena), una de sus víctimas, se contempla reconocer a las agresiones hechas con ácidos como un tipo de violencia por “sustancias químicas”, e imponer una pena de 26 a 40 años de prisión a los agresores y en especial, catalogar como tentativa de feminicidio estos ataques.

En cuanto a la Ley Monzón se plantea suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. De confirmarse dicha sentencia, el hombre perdería de manera definitiva ese derecho.

En ambos casos, he tenido el privilegio de conocer a quienes dieron origen a estas reformas. En el caso de Malena se me quedó grabada su voz y sus razones cuando en un breve encuentro en la Cámara de Diputados sentenció:  

“Las reformas son necesarias y urgentes para castigar a los agresores que sin piedad usan sustancias para desfigurarnos”; estoy consciente, que aunque las heridas corporales podamos curarlas, (en su caso más de una docena de intervenciones quirúrgicas), las del alma esas… son permanentes”.  

En el caso de Ceci Monzón, la recuerdo como una joven aguerrida, que cuando se comprometía con un proyecto político o social, daba hasta el último aliento para defenderlo; esa pasión le costó la vida. En el marco del Día Internacional de la Mujer que conmemoramos este 8 de marzo, debemos tener presente que, pese a los esfuerzos realizados, la violencia en contra de las mujeres no cesa, por el contrario, aumenta y cobra cada vez un mayor número de víctimas.

Desafortunadamente las cifras no mienten: el feminicidio se incrementó 78% en los últimos siete años; hay más de 26 mil mujeres desaparecidas o no localizadas; existe un número no cuantificado de víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia; se han declarado Alerta de Género en las 32 entidades federativas; y 9 de cada 10 asesinatos de mujeres queda sin castigo.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a partir de 2015, cuando inició el registro desagregado de violencia contra mujeres, a 2019 los reportes de víctimas de presunto feminicidio más homicidios dolosos contra mujeres, mostraron una tendencia al alza: pasaron de 2 mil 161 en 2015 a 3 mil 844 en 2019, es decir, un incremento de 77.90 por ciento.

La realidad es que en México, cada dos horas y 20 minutos es asesinada una mujer.

Por otra parte, según ONU Mujeres, las desapariciones forzadas en México hoy constituyen una de las principales violaciones contra los derechos humanos. Al 17 de noviembre de 2022, los datos oficiales reportaban más de 107 mil personas desaparecidas y no localizadas, 25% de las cuales son mujeres. Eso quiere decir que hay más de 26 mil mujeres desaparecidas o no localizadas.

Y también ante este panorama desolador, se debe de tomar en cuenta la violencia política que viven las mujeres en distintos rincones del país al ser relegadas de los cargos de elección popular, cuando intentan acceder a los más altos espacios de toma de decisiones en sus municipios y simplemente por costumbre y en entidades como Oaxaca inclusive las leyes locales, les prohíben su acceso.

Con base a datos de INMUJERES, en 2022, el 74.1% de las presidencias municipales son encabezadas por hombres y el 25.9% para mujeres.

Estas entre otras son algunas de las razones, que me llevaron a suscribir e impulsar,  junto a mi compañera la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, la iniciativa para  reformar el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Igualdad Sustantiva y de Género.

La paridad de género debe ser el eje fundamental de la agenda pública del país. Es el resultado de años de lucha por los derechos de las mujeres mexicanas, y de la lucha por su participación en las altas esferas de toma de decisiones y debe ser prioridad que estos derechos queden plasmados en nuestra Carta Magna, que sean irreversibles, que no haya dudas; también en los pueblos originarios, que en ocasiones escudándose en sus usos y costumbres, han dejado por siglos a las mujeres en condiciones de sumisión, discriminación y pobreza.

La  iniciativa  presentada  tienen por objetivo en este caso,  adecuar de manera justa la legislación electoral en los Sistemas Normativos Internos, respetando los derechos de las mujeres indígenas bajo un enfoque de género y la maximización de los derechos político-electorales, adecuando los principios constitucionales de libre determinación de las comunidades indígenas, los cuales sin embargo, nunca deben estar por encima de la garantía de los Derechos Humanos y en este caso de la igualdad de mujeres y hombres. El propósito es garantizar de forma efectiva el principio de paridad de género en la integración de los Cabildos que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos.

No podemos permitir que, en ningún caso, escudándose en las prácticas comunitarias, se limiten los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Es claro que tener más mujeres en espacios de poder no se ha expandido en la totalidad del país. Por ello, debemos garantizar que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y paridad.

En el caso de la violencia, estoy convencida que el marco normativo debe revisarse y perfeccionarse permanentemente, que las manifestaciones en contra de las mujeres son cambiantes y cada vez más deshumanizantes; por ello aplaudo los esfuerzos de las legislaturas locales como la de Puebla y el trabajo de sus legisladoras para actualizarlo. En el ámbito federal, los desafíos están presentes, por ejemplo lo relativo a la 3 de 3 para que ningún agresor acceda al poder, iniciativa que desde los colectivos femeninos han promovido y que, en lo personal y mi grupo parlamentario, hemos también iniciado  y estaremos insistiendo en su pronta discusión y aprobación. La iniciativa de ninguna manera va en contra de los derechos humanos de las personas, pero es urgente asegurarnos de la idoneidad de quienes acceden al poder público. La violencia no es un asunto de familias, es un asunto público que debemos combatir y erradicar en México y el mundo.

Estoy convencida que toda sociedad que se precie de democrática debe garantizar condiciones de igualdad y respeto para quienes somos la mitad de su población:  las mujeres.